Día tras día asistimos a dos formas de enfrentarse a asuntos espinosos, sobre todo, relacionados con casos de corrupción política.

Por un lado nos topamos con la que aplica el PP: cada vez que se le pregunta a algún político popular sobre informaciones que relacionen a cargos públicos de su formación con presuntos casos de corrupción, el aplicado “pepero” aplica al manual del “buen” comunicador: no responde y cambia de tema en la misma conversación. No habla y elude cualquier declaración que le indentifique con un presunto corrupto. Aunque, justo al acabar su comparecencia pública, se vaya a tomar cervezas y dar gracias a los santos con el imputado.

Sin embargo, el político del PSOE no tiene problema en hablar de los “compañeros” corruptos, de expulsarlo y recriminar su actitud en público, de dar ruedas de prensa monográficas sobre esos temas…y, sobre todo, de entrar al trapo de provocaciones del adversario político. Tenemos un claro ejemplo de la actuación del presidente de la Diputación de Sevilla en el último pleno de la corporación provincial. Ante el trapo rojo que le enseñaron los diputados de la bancada popular, Villalobos no supo reprimirse y les acusó de dar credibilidad a un “chorizo, putero y drogadicto” – en referencia al ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero-. Resultado, al día siguiente titular en todas las portadas de los diarios regionales. Objetivo conseguido: el PP logró que se hablara de los ERE durante dos o tres días más.

No estamos juzgando en este artículo si una forma de actuar es más ética que otra, mi intención es que valoremos el marketing político que aplica cada formación y las estrategias de comunicación que desarrollan. Sin duda alguna, el Partido Popular maneja mejor este tipo de circunstancias y el PSOE peca de ser demasiado transparente en su política comunicativa.

El hecho es demostrable. Tiene narices que en la actualidad no se hable del escándalo de la corrupción generalizada que se ha instalado en casi todas las instituciones valencianas gobernadas por el PP, y se hable de un caso en el que, aún siendo muy grave, sólo hay implicado, hasta ahora, un director general: el caso de los ERE en Andalucía. Sin embargo, en la Comunidad Valenciana han estado implicados el presidente de la comunidad, Francisco Camps; el presidente de la Diputación Provincial de Castellón, Carlos Fabra; la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá; el alcalde de Manises, Fernando Crespo; etc…y si hablamos de Baleares, no acabamos.

A mi entender, la forma de actuar del PSOE, aún siendo más íntegra y ética de cara al ciudadano, no consigue objetivos en clave electoral. Por lo tanto lo considero una torpeza política más allá que considere que es, en estos casos, la forma más justa de comportarse. Los resultados que ofrecen las encuestas de intención de voto avalan mi teoría.

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