Señala el impacto laboral y económico de la reactivación de la corta minera y avisa de que no puede seguir sufriendo "más dilaciones".
Dice que en 1998 "ninguna norma" le obligaba a pagar la restauración ambiental y ve la demanda como una "construcción inventiva".
La Junta recuerda que la empresa era "titular" de la balsa siniestrada y la entidad alega el permiso para el recrecimiento.
El pasado miércoles 1 de abril fueron "despedidos" sin que la nueva adjudicataria de la explotación minera, México-Minorbis, "se haya hecho cargo ya de ellos".
