Los afectados, además, pedirán reuniones con el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, y con los grupos del Parlamento de Andalucía.
El exvicepresidente tiene que acudir una vez al mes a los juzgados para comparecer y el juez satisface así las medidas cautelares pedidas por la Fiscalía anticorrupción.
