​La Junta reclama mayor esfuerzo del Estado para mejorar la calidad de las universidades españolas

Andalucía destina un 0,84% de su PIB a las universidades públicas y ofrece unos de los precios públicos más asequibles del país

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, ha reclamado, tras la celebración de la Conferencia General de Política Universitaria, que el Gobierno central mejore la financiación autonómica para que las comunidades dispongan de más recursos que puedan, con posterioridad, destinar a mejorar la calidad de las universidades españolas y compensar, en el caso de Andalucía, el esfuerzo que ya realiza para mantener uno de los precios públicos universitarios más bajos del territorio nacional. Además, Velasco ha considerado necesario que cualquier cambio en la modificación del sistema de tasas debe conllevar un esfuerzo estatal mayor para garantizar una mejor dotación de recursos.

La Consejería de Economía recuerda que Andalucía ya cumple con los objetivos planteados por la medida que pretende implantar el Gobierno central y que buscar reducir las tasas universitarias y evitar así la disparidad existente entre las diferentes comunidades, que son las encargadas de fijar dichos precios en virtud de unas horquillas fijadas por el Estado.

El titular de Economía ha recordado que, en la actualidad, la comunidad andaluza es la región que ofrece una política de precios públicos de las más asequibles del sistema nacional, fijando en 12,62 euros la cuantía del crédito de grado y en 13,68 euros el de másteres universitarios. Ese umbral del coste docente es muy inferior a la media española, que se sitúa en 32,39 euros, y que conlleva que la diferencia entre estudiar en Cataluña, la región con los precios más altos, y hacerlo en la región andaluza sea de hasta el 216%.

Con estos precios, que se encuentran congelados desde hace cuatro años, se garantizan a juicio de Velasco “la igualdad de oportunidades en el acceso a la enseñanza superior para aquellos estudiantes con menos recursos”. A esta medida se suma la bonificación del 99% del coste de las asignaturas aprobadas en primera matrícula, que contará para este curso en los presupuestos autonómicos de una partida de 40 millones de euros. “Se trata de una ayuda que incentiva el esfuerzo y los buenos resultados académicos y que garantiza la práctica gratuidad de los estudios a quienes aprueben las asignaturas del curso anterior”, ha aclarado Rogelio Velasco, quien ha recordado que el pasado ejercicio se beneficiaron en Andalucía más de 114.000 estudiantes.

La financiación pública de las universidades españolas, según un informe del Observatorio del Sistema Universitario, se sustenta en gran medida en los recursos aportados por las comunidades, que son las responsables de sufragar el 94% de los fondos, mientras que el 6% restante corresponde al Estado. Esta última partida se concreta, sobre todo, en transferencias para actividades de investigación y en la compensación por las exenciones de precios públicos fijados por el Estado, es decir, en concepto de becas y rebajas a familias numerosas.

La Junta de Andalucía desde el inicio de la legislatura ha realizado un importante esfuerzo presupuestario para sustentar la universidad pública. De hecho, en 2019 el apoyo financiero a estas instituciones académicas representa el 0,84% del PIB regional, un porcentaje que sitúa a la comunidad a la cabeza del esfuerzo inversor del conjunto nacional.

La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad destina este año 2020 un montante de 1.458 millones de euros procedentes de los presupuestos de la Junta, una consignación que representa un incremento del 4,63% respecto al ejercicio 2019. De esa cuantía global, 1.324,5 millones se destinan a la financiación básica operativa, capítulo con el que se sufragan los gastos de personal y funcionamiento de estas instituciones educativas superiores.

A estos fondos se suman casi 85 millones para planes de excelencia, coordinación y apoyo; programas de becas de excelencia para másteres; consejos sociales de las universidades y compensación de bonificaciones de matrículas por rendimiento académico: once millones para inversiones y 37 millones para actividades de investigación.

Al margen de esta financiación, que tiene como finalidad reforzar el sistema público universitario, se liberan 40 millones de euros para dar respuesta a una de sus principales y más urgentes demandas: el pago de la deuda pendiente de abonar y acumulada en años precedentes.