Entregan al Banco de Alimentos 600 kilos de pescado requisado por su procedencia ilegal

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Los 100 kilogramos de pijotas fueron decomisadas por no alcanzar el tamaño mínimo para su captura y los 500 kilogramos de atún patudo no tenían documentación que avalara su legal procedencia. 


Extenda pescaEl Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en Sevilla, en investigaciones llevadas a cabo dentro del Plan Anual de Control Integral de las Actividades Pesqueras y en colaboración directa con los servicios de inspección de la Agencia de Gestión Agroalimentaria de Andalucía (Agapa), ha decomisado un total de 500 kilogramos de atún patudo y unos 100 kg de pijotas por su situación ilegal, que han entregado posteriormente al Banco de Alimentos.

Según concreta en una nota de prensa la Benemérita, los túnidos se localizaron en el interior de un camión de pequeñas dimensiones aculado en los muelles de descarga de la nave de Barranco de Mercasevilla (Sevilla) y las pijotas dentro de la zona comercial de dicha nave, todo ello con la intención de su entrada en la cadena de consumo alimenticio humano.

Los 100 kilogramos de pijotas fueron decomisadas por no alcanzar el tamaño mínimo para su captura y los 500 kilogramos de atún patudo no tenían documentación que avalara su legal procedencia. Por esto fueron depositados en las dependencias del Banco de Alimentos de Sevilla, y una vez analizados y dados como aptos para el consumo humano por las autoridades veterinarias, se repartirán entre los comedores sociales de la provincia de Sevilla.

Las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil, en coordinación con Inspección Pesquera de Andalucía, están motivadas en el control del cumplimiento de la normativa vigente en materia calidad, trazabilidad y control medioambiental en los productos procedentes de la pesca, con el objetivo final de velar por la calidad de los productos pesqueros que llegan al consumidor final.

En esta intervención se ha procedido a la confección de hasta cuatro expedientes por infracciones administrativas a la Ley 3/2001 de 26 de marzo de Pesca Marítima del Estado, a la Ley 13/03 de 17 de diciembre de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía.

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