El sector sevillano de la educación concertada se suma a la campaña contra la "Ley Celaá"
La nueva ley se "inventa un pretendido derecho a la educación pública, cuando el derecho reconocido en la Constitución es el derecho a la educación y la enfrenta al modelo de educación concertada".
Mientras el Gobierno central defiende que este proyecto de Ley pretende "reforzar la equidad y la capacidad inclusiva del sistema, introduciendo medidas que eviten la segregación" y primando "el interés superior del menor y su derecho a la educación", así como la escuela rural y a la insular, los representantes de la Concertada de Sevilla avisan de la falta de "consenso" en torno a esta nueva regulación.
Además, si bien el Gobierno central alega la idea de impedir las segregaciones en el sistema educativo, la concertada sostiene que la proposición de Ley "atenta claramente contra la libertad de elección de las familias y la pluralidad educativa". "De este modo, al relegar progresivamente el modelo de enseñanza concertada a un papel subsidiario de la pública, se pretende limitar no solo la pluralidad de idearios educativos, sino también el derecho de las familias a elegir la educación de sus hijos e hijas, un derecho reconocido tanto en la Constitución como en la Declaración de los Derechos Humanos".
En este sentido, la conocida como "Ley Celaá" se "inventa un pretendido derecho a la educación pública, cuando el derecho reconocido en la Constitución es el derecho a la educación y la enfrenta al modelo de educación concertada, ampliamente implantado en Europa, rompiendo la complementariedad recogida en la Constitución y mantenida durante décadas".
"La falacia de relegar la capacidad de elección de las familias al pago de una educación privada no solo vulnera el derecho universal a la gratuidad de la enseñanza y el espíritu de la Constitución, sino que también atenta contra el derecho básico de Igualdad de oportunidades, protegido constitucionalmente", alega el sector de la concertada, frente a la idea de equidad" que según el Gobierno central marca la nueva regulación.
Por otro lado, la concertada avisa de que la propuesta "también devalúa la enseñanza de la asignatura de Religión en la escuela, al dejarla sin alternativas y sin efectos en la evaluación".
"Se propone además una nueva asignatura en valores cívicos y éticos que puede ser utilizada como herramienta de adoctrinamiento en la imposición de valores no consensuados ni elegidos por los padres. De este modo, a través del control político de la educación, el Estado puede imponer su ideología atentando contra la libertad de conciencia y el derecho de los padres a que los hijos reciban la formación moral acorde a sus propias convicciones. La nueva Ley, además, aboca a la desaparición tanto a la educación diferenciada como a los centros específicos de educación especial y amenaza la estabilidad de los puestos de trabajo de numerosos profesionales del sector".
En cualquier caso, reclaman "una reflexión serena, profunda, y que cuente con el mayor consenso posible y la participación de todos los sectores implicados, algo que no sucede con esta Ley, tramitada en gran medida durante la excepcionalidad del estado de alarma y sin ninguna voluntad de alcanzar un pacto de estado por la educación", de la misma manera que sucediera con la anterior ley que se pretende derogar.
Por ello, la escuela Concertada de Sevilla se une a la campaña nacional "Más plurales, más libres y más iguales" que quiere registrar en el Congreso de los Diputados más de 300.000 firmas contra la citada proposición de ley orgánica.
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