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La renuncia de la alcaldesa de Gerena y los concejales condenados llega al pleno

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El pleno extraordinario ha dado cuenta de la renuncia de Margarita Gutiérrez y Álvaro Arias y Esther Pereira, todos ellos condenados a ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito contra la ordenación del territorio.


La sesión plenaria extraordinaria, según fuentes municipales, ha contado con debate plenario y la propia alcaldesa dimisionaria ha protagonizado un discurso de despedida. A partir de este momento, los concejales dimisionarios cesan en sus cargos y uno de los restantes miembros del Gobierno local asume en funciones la Alcaldía hasta que se celebre un pleno de investidura y sea elegida un nuevo alcalde o alcaldesa. Inicialmente, sería Javier Fernández Gualda, concejal de Personal, Urbanismo, Obras y Servicios, quien asumiría en funciones la Alcaldía.

Los socialistas, que gobiernan en minoría con seis concejales de un total de 13, han elegido en paralelo a Estela Garzón como candidata a la Alcaldía y ella será previsiblemente la nueva alcaldesa en el pleno de investidura que debe celebrar ahora el Ayuntamiento.


La sentencia, emitida el 17 de marzo y recogida por Europa Press, expone que el 17 de junio de 2008, la junta de gobierno del Ayuntamiento de Gerena, entonces liderada por Jacinto Pereira como alcalde, y de la que ya formaba parte la actual alcaldesa socialista, aprobó una licencia de obras solicitada por Agustín F.G. para la reforma y ampliación de su vivienda, localizada en el número uno de la calle Jilguero, en la urbanización Los Zarzalejos.


Recoge como hechos probados que la licencia fue concedida "a pesar del informe desfavorable del arquitecto municipal, a la vista de la legalidad vigente". Según el fallo, "la existencia de un planeamiento de desarrollo o plan parcial y un proyecto de urbanización eran en todo punto ineludibles, circunstancias conocidas perfectamente por cada uno de los acusados en el momento de la votación, pues el 17 de junio el arquitecto municipal informó de que procedía denegar el otorgamiento de la licencia porque las normas urbanísticas vigentes clasificaban el terreno como suelo urbanizable sectorizado (...) y al no haber sido aprobado el documento de planeamiento de desarrollo del ámbito del plan parcial, ni un proyecto de urbanización, no era posible comprobar que se cumplían los parámetros de la calificación aplicable".


"A petición del alcalde, y con objeto de que se aprobara la concesión de la licencia por la junta de gobierno, Juan Alfonso Rubio, en su condición de secretario interventor del Ayuntamiento, emitió un informe el 17 de junio con una serie de argumentos a favor de conceder la licencia y se proponía que si se concedía, se sometiese a la condición de la firma de una declaración del propietario de aceptación de que su parcela iba a ser incluida en suelo urbano no consolidado en el PGOU", refleja la sentencia, según la cual "estas afirmaciones las realizaba el acusado basándose en previsiones futuras, siendo consciente de que el instrumento de planeamiento no existía y argumentando a favor de conceder la licencia razones ajenas a la legalidad vigente".


La sentencia, no obstante, señala "la creencia de los acusados de no actuar en contra de la legalidad y obrar en consideración a lo que se había convertido en una situación admitida por todos, estimando que la concesión de la licencia estaba justificada porque, como expresó el secretario, la realidad física había superado a la realidad jurídica". "Los hechos, en esencia, han sido admitidos por todos los acusados", señala el fallo, según el cual "puede ser, indudablemente, que los acusados persiguieran un beneficio de la colectividad, propiciando su desarrollo urbanístico, pero estos elementos no constituyen, por el momento, circunstancia eximente, atenuante o justificadora de su conducta". Señala la sentencia, en ese sentido, "la injusticia y arbitrariedad de la resolución" emitida por la junta local de gobierno.


En cuanto al secretario interventor, señala la sentencia que "elaboró, conociendo que no tenía viabilidad alguna ni justificación, con carácter extraordinario y para un asunto en concreto, conociendo que era contrario a la normativa vigente en el momento, un informe que defendió ante los miembros de la junta de gobierno que tenían que votar la concesión de la licencia", todo ello sin avisar de que "cabía la posibilidad de que se estuviese vulnerando dicha legalidad, lo que era perfectamente conocido por el acusado".


La sentencia, así, condena a cada uno de ellos, por un delito contra la ordenación del territorio, a ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, les impone multas de 4.500 euros y les impone además el pago de las costas procesales, toda vez que el fallo es susceptible de recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.


La alcaldesa, a la hora de dimitir, admite que era necesario un plan parcial y un proyecto de urbanización, pero avisa de que "no hay nada que desarrollar porque, sencillamente, está todo construido desde hace 30 años", con lo que "las normas urbanísticas de la zona no eran ya aplicables, dado que la realidad las había superado, pues todo estaba construido". Los ediles dimisionarios, en ese sentido, recurrirán la sentencia.


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