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Visto para sentencia el juicio de Mercasevilla por la huelga de febrero y marzo

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La demanda fue promovida por los trabajadores del mercado central de abastos hispalense, a cuenta de la contratación de una empresa externa para que asumiese sus trabajos de facturación y cobro durante el calendario intermitente de huelgas.


Los paros técnicos de febrero y marzo se encuadraban en las movilizaciones de la plantilla para luchar contra la liberalización de los servicios que los trabajadores prestaban en la lonja de pescado, uno de los principales argumentos que sostienen el expediente de regulación de empleo (ERE) consumado el pasado mes de agosto para despedir a 129 trabajadores y externalizar los puestos de empleo de otros 39. Los despidos fueron consumados con una indemnización de 20 días de sueldo por año de servicio.

Durante las jornadas intermitentes de huelga celebradas entre los meses de febrero y marzo, el gremio de mayoristas de pescado, principal afectado por la huelga, contrató a la empresa de gestión de cobros 'Gesico S.L.', para asumir las labores de facturación y cobro abandonadas por los trabajadores merced al calendario de huelgas.


Mientras los trabajadores detectaron en esta práctica una supuesta vulneración de su derecho constitucional a la huelga, el presidente del gremio de mayoristas de Mercasevilla, Rafael López, manifestaba a Europa Press que se trataría de un hecho plenamente legal porque los paros técnicos "van contra Mercasevilla, no contra los mayoristas", pues fue Mercasevilla, como sociedad gestora del mercado central, la entidad que promovía la liberalización de los servicios que su propia plantilla prestaba en la lonja de pescado.


La demanda en cuestión se dirigía en principio contra Mercasevilla, diversos empresarios mayoristas y 'Gesico S.L.', siendo celebrado el juicio el viernes pasado, cuando el asunto quedó visto para sentencia.


EL NUEVO ERE DE MERCASEVILLA


Los despidos del nuevo ERE de Mercasevilla comenzaron a ser efectivos el pasado 12 de agosto, la jornada en la que precisamente entró en vigor la liberalización de los servicios que la plantilla de Mercasevilla prestaba en la lonja de pescado. Y es que la liberalización de los servicios que la plantilla de Mercasevilla prestaba en la lonja, con su consiguiente precio para los mayoristas de pescado, juega un papel fundamental en la dura reestructuración laboral promovida por esta sociedad participada mayoritariamente por el Ayuntamiento hispalense y la sociedad estatal Mercasa.


La liberalización de los servicios de carga de género y facturación de ventas que la plantilla de Mercasevilla prestaba en la lonja de pescado, en ese sentido, constituye uno de los factores clave de este procedimiento, toda vez que el Gobierno municipal del popular Juan Ignacio Zoido sostiene que esta liberalización responde precisamente al cumplimiento de las regulaciones comunitarias.


En concreto, en el seno de las instituciones europeas reside un expediente a cuenta de la supuesta situación de monopolio en la que incurriría Mercasevilla al prestar con estos trabajadores los servicios de carga y facturación del género con la correspondiente imposición de un gravamen a los empresarios mayoristas de pescado, quienes precisamente habían elevado este aspecto a la Unión Europea. Para el Gobierno local del PP, la liberalización de la lonja responde así a las exigencias de las regulaciones europeas, toda vez que los trabajadores defienden que la Unión Europea no ha emitido aún ningún dictamen concluyente o definitivo sobre este conflicto.


Sea como sea, en los últimos meses el Consistorio hispalense ha tramitado y aprobado definitivamente una modificación de los reglamentos de Mercasevilla que liberaliza los servicios que los trabajadores de la empresa prestan en la lonja de pescado, extremo que entró en vigor el pasado 12 de agosto abriendo las labores de carga y descarga y facturación del género a la libre contratación por parte de los empresarios mayoristas.


En paralelo, Mercasevilla promovía una operación de ampliación de capital por valor de casi seis millones de euros para recabar fondos con los que afrontar las indemnizaciones del expediente de regulación de empleo (ERE) asociado a la liberalización de los servicios que la plantilla presta en la lonja. El Ayuntamiento, como socio mayoritario de Mercasevilla, aportó 3.086.154 euros a esta ampliación de capital.


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