La causa contra la adjudicación de explotación de la mina de Aznalcóllar suma adeptos

La empresa SC Andalucía Minning S.L. ha solicitado al Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla su personación como parte "perjudicada" en las diligencias incoadas en torno a la adjudicación a la agrupación empresarial México Minorbis, de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar, una adjudicación paralizada por la Junta de Andalucía como consecuencia de la mencionada causa judicial.

SC Andalucía Minning S.L. ostentaba los derechos de uno de los permisos de investigación expropiados por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, con motivo del proyecto de reapertura de la controvertida mina de Aznalcóllar. Y es que en el momento de decidir la reapertura de la mina, la Junta de Andalucía tenía permisos de investigación concedidos a las empresas SC Andalucía Minning S.L. y Qbis Resources SL sobre 72 cuadrículas mineras, la mayoría de ellas en Aznalcóllar y algunas en el vecino municipio de Sanlúcar la Mayor.

Por ello, a través de un escrito con entrada de registro el 15 de abril en el Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla y recogido por Europa Press, SC Andalucía Minning S.L. da cuenta de las mencionadas circunstancias, señala la investigación judicial derivada de las acciones legales de Emerita-Forbes Manhattan y solicita a la juez su personación en la causa como parte "perjudicada".

La causa deriva de la impugnación de la resolución del concurso internacional promovido por la Junta de Andalucía para adjudicar los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar, cerrada después del conocido desastre medioambiental de 1998. Al citado concurso concurrieron la agrupación empresarial México Minorbis, participada por la andaluza Magtel, y Emerita-Forbes Manhattan, siendo adjudicados los derechos de explotación al grupo México Minorbis.

Tras ser resuelto el concurso, Emerita-Forbes Manhattan elevó a los juzgados una denuncia acusando a la Administración autonómica de haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude. Emerita, entre otros aspectos, señala que su oferta de inversión fue de 641,5 millones de euros frente a los 304,6 millones de euros ofrecidos por Minorbis.

Merced a dicha denuncia, la juez Patricia Fernández Franco ha apreciado "graves irregularidades" en el proceso de adjudicación y ha ordenado tomar declaración a la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, María José Asencio Coto, dado que la Administración andaluza no se habría atenido "al más mínimo rigor" a la hora de adjudicar los derechos de explotación de la mina, interesándose además la juez por el motivo por el cual el grupo empresarial adjudicatario de los derechos no fue "descalificado" del concurso internacional al "fallar en el cumplimiento de los requerimientos básicos medioambientales".

El Gobierno andaluz, de su lado, esgrime un informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía que defiende que el procedimiento de adjudicación "se ha ajustado a derecho", estando regido por la legislación minera y la Ley de Contratos Públicos. El informe, entre otros aspectos, expone el "cumplimiento de los trámites" obligados para un concurso de esta naturaleza, toda vez que un informe paralelo de los servicios jurídicos de la Junta avala también la adjudicación.