Alcaldes de IU de Andalucía se encierran en el Parlamento para exigir a la Junta el pago de deudas

Medio centenar de alcaldes de Izquierda Unida de toda Andalucía, han protagonizado un encierro en el Parlamento de Andalucía para exigir a la presidenta de Junta de Andalucía, Susana Díaz, el pago inmediato de la segunda partida, que supone el 50%, de los presupuestos de los planes de empleo y la ampliación del plazo de justificación del cien por cien de estas subvenciones, que expira el próximo 31 de julio. Una situación que según los ediles afecta al mantenimiento de los servicios públicos y al pago de los salarios de los trabajadores de los ayuntamientos.

Los alcaldes, que pretendían mantener su protesta durante 24 horas aunque finalmente fueron desalojados por la policía, pretenden entrevistarse con la presidenta de la Junta este jueves, ya que debe acudir a la sesión de control del Gobierno del pleno parlamentario.

El encierro cuenta con “el apoyo de nuestro grupo parlamentario y de los diferentes parlamentarios provinciales de IU”, ha declarado el alcalde de Los Palacios, Juan Manuel Valle, quien ha manifestado que “se está generando una situación de asfixia financiera en las tesorerías municipales fruto de los incumplimientos de la Junta de Andalucía, a pesar de somos los ayuntamientos los que estamos colaborando con el Gobierno andaluz en la ejecución de sus propias competencias”. El alcalde palaciego ha señalado que “los impagos nos está generando una situación insostenible y cada vez somos más ayuntamientos que nos estamos planteando si vamos a colaborar en el futuro en la ejecución de los programas que la Junta de Andalucía saca adelante porque nos está mintiendo y nos maltrata”.

Asimismo Valle ha indicado que “es inadmisible que nos obliguen a los municipios a elaborar los propios proyectos generadores de empleo de la Junta, que tengamos que hacer la selección y contratación de los trabajadores, financiar los materiales necesarios para la puesta en marcha de esos programas y encima tengamos que sufrir el retraso en la ejecución. La tramitación administrativa es un auténtico calvario por el caos que existe en estos momentos en la Consejería de Empleo y en otras consejerías de la Junta”.

En este sentido, el regidor palaciego ha indicado que “nos están requiriendo hasta tres y cuatro veces la misma documentación, lo que está saturando los departamentos de Intervención municipales, y además nos tememos que se trate de una argucia de la Junta de Andalucía para no pagar ante su falta de dinero”. Valle ha recordado que el secretario general del Empleo y director del SAE se comprometió con los alcaldes, en la reunión de junio, a que antes del 17 de julio abonaría el segundo 50% de los planes Emple@ Joven y Emple@ 30+. “Ha llegado esa fecha y no solo no han pagado, sino que nos ha emplazado a que justificáramos a 31 de julio el cien por cien de los planes, que ya hemos adelantado, y de lo contrario incluso podemos perder estas subvenciones: Por tanto, exigimos a la presidenta de Andalucía que amplíe el plazo para justificar la subvención de estos programas y que, a continuación, proceda al pago de lo que nos debe”.

También ha insistido en que “ese dinero que hemos adelantado es el que nos falta para pagar la nóminas de nuestros trabajadores municipales y no estamos dispuestos a que la Junta de Andalucía se esté llevando el dinero de los ayuntamientos de Andalucía y nos genere un problema gravísimo, cuando es su responsabilidad prever la financiación para ejecutar esos programas”.

Juan Manuel Valle manifestó que “hoy nos encerramos en el Parlamento con la esperanza de que cuando la presidenta, Susana Díaz, venga a vernos reciba de primera mano la petición que le estamos haciendo una serie de alcaldes y alcaldesas, que representamos a muchos miles de ciudadanos en toda Andalucía” Apuntó que “esta preocupación ya se está trasladando a otras fuerzas políticas, porque es un problema que afecta a todos. Si al final el dinero no llega a nuestras pueblos, no llega a los ciudadanos, que no tienen color político, y se está poniendo en peligro los servicios públicos que debemos prestar, porque así lo exige la ley, cuando en realidad la culpa es de la obligación de tener que financiar y colaborar con la Junta de Andalucía en la ejecución de unos programas que están demostrando ser un auténtico caos”.