¿Verdad o intoxicación?

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Alfonso José Ruiz Blanco

Experto en Comunicación y Marketing Político

@yoteasesoro


Política y persuasión forman un binomio inseparable, ya que la comunicación política siempre tiene intencionalidad. Con la aparición de los nuevos medios de comunicación personalizada, como la telefonía móvil e Internet, se ha producido un gran impacto en el proceso informativo que ha influido de forma determinante en la comunicación.

Tal y como afirma la profesora titular del departamento de Periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Información, Natividad Abril, en su libro Periodismo de opinión, la propia actividad periodística es una actividad persuasiva, porque siempre tiene la intención de conseguir un efecto determinado en el público que recibe el mensaje. Al final todo escrito periodístico termina siendo un acto de interpretación y, por tanto, subjetivo. Los medios de comunicación no son meros transmisores de la verdad, sino que ofrecen versiones de la realidad. Incluso los textos netamente informativos ofrecen una persuasión implícita al ofrecer una determinada titulación y una ubicación concreta con las que se intenta inducir al lector hacia determinados valores, mientras que los géneros de opinión contienen interpretación de los hechos de forma explícita. Como dice la Catedrática en Periodismo María Pilar Diezhandino en su libro El quehacer informativo, el periodismo, en todos sus géneros, es interpretación de la realidad.

Llevamos tiempo escuchando y leyendo sobre si la presidenta irá, no irá, debe ir o no tendría por qué asistir a una comisión de investigación por los cursos de formación entre los años 2002-2011 que se aprobó hace dos días en el Parlamento de Andalucía, mientras el debate sobre la asistencia de Susana Díaz ya llevaba un par de semanas en la agenda de los medios de comunicación. La ecuación es simple; si Díaz fue consejera en marzo de 2012 y presidenta en septiembre de 2013 poco o nada podrá aportar a dicha comisión. Los populares lo saben y es por eso que lo único de provecho que pueden sacar de esta comisión de investigación parlamentaria será poder intentar vender la moto de que si la presidenta de la Junta de Andalucía llegó a sentarse en una comisión de investigación fue porque ellos la forzaron. No hay nada más. Estoy en mi derecho de dudar mucho, por no decir directamente que no me creo nada, de la voluntad de los grupos opositores de esclarecer algo, por no decir nada, sobre la gestión de la formación en Andalucía, siendo su único objetivo intentar enturbiar con ruido mediático la figura de la actual presidenta de la Junta.

Es la otra guerra política que dura muchísimo más que los 15 días de una campaña electoral. Seguro que podréis recordar alguna declaración de algún responsable político del Partido Popular pidiendo que por favor todos dejemos actuar con independencia a la justicia porque el caso ERE tiene la suficiente gravedad e importancia como para que la persona que instruye el caso se tome su tiempo ante todas las aristas y recovecos judiciales que se encuentra la magistrada cada vez que avanza en la instrucción. Si por casualidad, durante las elecciones municipales de 2011, la juez del caso Mercasevilla hubiese llamado a declarar a Antonio Rodríguez Torrijos, candidato de IU a la alcaldía de Sevilla, es porque el poder judicial ha de impartir justicia con independencia del calendario político. Imaginemos que se hubiese imputado al antiguo presidente José Antonio Griñán, o a José Antonio Viera; pues esto pondría de relieve para la número dos del PP de Andalucía, Dolores López, que Susana Díaz llegó a la Presidencia "por la corrupción", después de que "sus dos padrinos políticos estén al borde del banquillo” porque para la dirigente del PP-A “Viera le abrió las puertas del partido, y Griñán le abrió las de la Presidencia de la Junta", y entonces es normal que la instrucción del caso se prolongue en el tiempo para poder conocer la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad sin que haya ningún resquicio de duda sobre lo que realmente ha sucedido. Pero, si por esas casualidades de la vida, la Fiscalía Anticorrupción solicitase a la juez que investiga el caso de los ERE fraudulentos que imputase al ex ministro de Trabajo y Asuntos Sociales del primer gobierno de Aznar, Manuel Pimentel, en relación con las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo de más de un millón de euros a diez ex trabajadores de las empresas Graficromo y Taller de Libros, entonces es posible que, quizás, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, pida celeridad en la instrucción del caso porque ya llevamos muchos años con esta historia y hay que enjuiciar ya a los presuntos implicados.

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