Fomento licita por 1,38 millones el "control y vigilancia" de las obras de desdoble de la N-IV

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Estas tareas de supervisión no serán adjudicadas hasta la primavera.


NIV

Después de que el Ministerio de Fomento anunciase para el pasado 9 de diciembre el inicio de las obras de transformación en autovía del tramo de la antigua carretera N-IV comprendido entre Dos Hermanas y Los Palacios y Villafranca, en la provincia de Sevilla, dicho departamento ha licitado por 1,38 millones de euros un contrato destinado al "control y vigilancia" de las obras en cuestión.


Según la documentación recogida por Europa Press, este contrato de "control y vigilancia" de las obras de duplicación del tramo Dos Hermanas-Los Palacios de la antigua carretera N-IV sale ahora a concurso por 1,38 millones de euros, al objeto de abrir las ofertas en abril de este año y adjudicar los trabajos.


Recordemos al respecto que las obras en cuestión fueron adjudicadas a una unión temporal de empresas (UTE) formada por Acciona Infraestructuras y Levantina Ingeniería y Construcción S.L., por 43,66 millones de euros y habrían dado comienzo el pasado 9 de diciembre, según manifestaba por aquellos días el secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Julio Gómez-Pomar.


Hablamos del muy esperado proyecto de transformación en autovía de la antigua carretera N-IV, que conecta Cádiz y Sevilla y cuyo trazado corre paralelo al de la autovía de peaje AP-4, cuyos precios han experimentado un paulatino incremento durante los últimos años, marcados por la cruda crisis económica. La subida de precios de la autovía de peaje, en ese sentido, ha ido en paralelo a la saturación de la antigua carretera N-IV, cuya alta siniestralidad es ya conocida.


Esta carretera, de hecho, contabilizó sólo en 2014 tres accidentes con víctimas mortales y otros tantos sólo con heridos, toda vez que en 2015 se habrían contabilizado dos accidentes mortales con un saldo de tres fallecidos.


DESDE 2006


Aunque en 2006 nació un proyecto destinado a transformar en autovía o desdoblar la antigua carretera N-IV, una idea para la cual incluso fueron redactados los correspondientes estudios informativos y proyectos técnicos, la iniciativa se desvaneció a cuenta de la catástrofe financiera sufrida por España.


Pero tras un intenso debate público y político, salpicado por los accidentes mortales en esta carretera, el Ministerio de Fomento reactivó por fin el desdoble de la carretera N-IV incluyendo nueve millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado para 2015, para transformar en autovía el tramo Dos Hermanas-Los Palacios de la citada carretera, anunciando además bonificaciones para el tráfico pesado en la autovía AP-4, para aliviar así el tráfico de la carretera.


El proyecto, finalmente, fue licitado el pasado mes de mayo de 2015 por 66,5 millones de euros y fue adjudicado por 43,66 millones, si bien sobre el mismo pesaba una resolución de la Confederación Hidrológica del Guadalquivir (CHG) que denegaba la autorización de las obras, dada la necesidad de que el tronco de la futura autovía y uno de sus caminos de servicio respeten "el gálibo libre mínimo de cinco metros y una anchura libre mínima a la coronación el Canal del Bajo Guadalquivir, para la circulación de vehículos de explotación y maquinaria de conservación".


"PROBLEMA TÉCNICO"


Pero en un escrito fechado el 2 de septiembre y recogido por Europa Press, el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez Pomar, expone que pese al contenido de dicho documento, "la citada resolución no impide en absoluto continuar con el proceso de licitación de las obras", porque "se trata de un problema técnico relacionado con las dimensiones de un viaducto, derivado de la interferencia de dos infraestructuras públicas", en concreto la futura autovía y el Canal del Bajo Guadalquivir.


Para el secretario de Estado de Infraestructuras, esta incidencia constituye "una situación normal en la construcción de cualquier obra pública de envergadura". "Ya se está trabajando en la definición de una nueva estructura de paso", asegura Gómez Pomar, para quien "el cumplimiento de las nuevas condiciones no supone un obstáculo que no pueda resolverse antes del inicio o durante la ejecución de las obras".

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