​La Junta aumenta la cuantía de la Renta Mínima para equipararla al Ingreso Mínimo Vital

Ha aprobado la modificación del decreto que regula la cuantia, aumentandolo un 45% de medio, según ha anunciado

El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este martes la modificación del decreto que regula la cuantía de la Renta Mínima de Inserción de Andalucía (Rmisa), que cada mes da cobertura a unas 6.500 familias andaluzas en situación de pobreza, aumentando un 45% de media la cuantía de la misma y equiparándola al Ingreso Mínimo Vital (IMV), que es de ámbito estatal.

Así lo ha anunciado la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, en la que ha comparecido junto al consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, y al titular de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y en la que ha reivindicado el "compromiso firme" del actual Ejecutivo andaluz por "la lucha contra la pobreza, poniendo todos los recursos a nuestro alcance al servicio de los que lo más necesitan".

En esa línea, Loles López ha defendido que, con esta iniciativa acordada este martes por el Gobierno de la Junta, se busca "dar respuesta a las familias andaluzas más vulnerables debido al complejo escenario actual ante la subida de los precios y suministros básicos".

La consejera ha detallado que con este cambio normativo se consigue incrementar la renta autonómica equiparándola al Ingreso Mínimo Vital, al tiempo que "se evitan desigualdades entre las familias que cobran la renta estatal y la andaluza, y se da cobertura a aquellas que quedan fuera del IMV".

La titular de Inclusión Social ha detallado que la prestación base para cualquier persona que solicite la Rmisa tras su entrada en vigor sube de los 451 euros actuales para una persona sola hasta los 533 euros. Además, a esta cantidad se suma un 30% por cada miembro de la unidad familiar y, en el caso de ser familias monoparentales, tendrán un complemento adicional del 22%, del que también dispondrán aquellas familias que tengan algún miembro con discapacidad. De esta forma, la cuantía máxima de la Rmisa pasa de los 839 a los 1.173 euros.

Esta medida pretende "poner fin a los reintegros que se producen por el solapamiento de ambas prestaciones, la estatal y la autonómica, ya que las constantes revisiones del Ingreso Mínimo Vital y la falta de respuesta del Gobierno de España a la propuesta de cogestión del IMV hacen que cobrar ambas ayudas deriven en pagos indebidos que después la administración regional está obligada a reclamar a las familias", según ha abundado la consejera.

Loles López ha incidido en que se busca, por tanto, "dar cobertura con la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía a las familias que se quedan fuera del Ingreso Mínimo Vital"; entre otras, las que pasen "por una situación de urgencia o emergencia social", como son casos de mujeres víctimas de violencia de género o explotación sexual, por enfermedad o accidente grave, o en caso de pérdida de la vivienda habitual.

Otro colectivo que será atendido con la Rmisa es el de personas que están en trámite de protección internacional, es decir, las personas que, por ejemplo, están esperando el reconocimiento de asilo. De este modo, según ha expuesto la consejera, una de las "principales mejoras" de este decreto es la "atención prioritaria" que se da a los casos de "urgencia y emergencia".

Desde el Gobierno andaluz han justificado haber optado por un decreto de ley para "poder responder con mayor rapidez y eficacia a las necesidades de aquellas familias vulnerables que quedan fuera del IMV, al tiempo que mejora el anteproyecto de ley por la Infancia y la Inclusión, cuya tramitación se extendería durante más de un año", según ha abundado Loles López.

BONO SOCIAL TÉRMICO

Además, la consejera ha explicado que el decreto aprobado permite, además, adoptar medidas para facilitar el acceso al bono social térmico, simplificar los procedimientos de renovación del título de familia numerosa y de concesión de las tarjetas de aparcamiento para vehículos para personas con movilidad reducida.

Asimismo, según ha continuado Loles López, la nueva norma permitirá acortar los tiempos de respuesta a la ciudadanía en la renovación de títulos de familia numerosa en vigor. Se trata, según ha agregado, de "agilizar los tiempos de espera de las familias para que no se produzcan cortes en el disfrute de los derechos y beneficios que otorga el título de familia numerosa".

Loles López ha explicado que el ahorro en tiempo se consigue porque ahora la familia presentará, junto con la solicitud de renovación, una declaración responsable en la que manifiesta que se siguen cumpliendo los requisitos, de manera que no es necesario que presente documentación adicional y, tras esta solicitud, recibirá la resolución en la que se le indica la siguiente fecha de renovación.

Además, mediante ese mismo mecanismo, la Consejería de Inclusión Social, a través de las distintas delegaciones territoriales que son las competentes en la materia, va a dar por renovados todas las solicitudes pendientes presentadas en los últimos meses y hasta el 31 de diciembre de 2022. Todos estos títulos serán renovados por cinco o dos años más, "según la casuística".

Otro de los aspectos que se ven agilizados es el relativo a la concesión de la tarjeta de aparcamiento de vehículos para personas con movilidad reducida, que, según ha anunciado Loles López, se otorgará con carácter indefinido cuando esté acreditado y reconocido el grado de discapacidad de forma permanente.

No obstante, cuando el reconocimiento del grado de discapacidad tenga carácter provisional, la tarjeta se concederá por el plazo de revisión del grado de discapacidad correspondiente.

Por último, este decreto dota de cobertura legal a la obligación de las comercializadoras de facilitar los datos personales de las personas beneficiarias del bono social térmico, que gestiona la Junta de Andalucía. El objetivo es "mejorar la tramitación, salvar el escollo legal para acceder a los datos de los usuarios y así poder determinar el importe de la ayuda y proceder a su pago". En Andalucía, casi 200.000 familias se benefician de este bono.