​Expira el día 26 el plazo de alegaciones al proyecto de reactivación industrial de la mina de Aznalcóllar

Cuenta con una inversión prevista de 316 millones de euros y la previsión de crear unos 2.000 empleos directos e indirectos, para la extracción de 45 millones de toneladas de cobre, zinc y plomo durante al menos 17 años tras los tres primeros años de reacondicionamiento

El día 26 de enero finaliza el plazo habilitado para formular alegaciones o reclamaciones al nuevo proyecto de explotación de la mina de Aznalcóllar a manos de la entidad Minera Los Frailes, sociedad instrumental de la alianza empresarial conformada entre Grupo México y Minorbis para la reapertura de la famosa corta minera; y su documentación complementaria, según la Delegación Territorial de las consejerías de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Sevilla.

En una resolución emitida el pasado 29 de noviembre y recogida por Europa Press, dicha delegación territorial de la Junta rememora que mediante los correspondientes anuncios en los boletines oficiales del Estado, de la Junta de Andalucía y de la provincia, fue promovido un periodo de información pública y por ende consultas y alegaciones, con relación al mencionado y controvertido proyecto de explotación minera.

"Se somete a información pública el proyecto explotación de recursos de Sección C) Núm 7976, Zona de Aznalcóllar e instalaciones auxiliares, sita en los términos municipales de Aznalcóllar, Sanlúcar La Mayor, Valencina, Olivares, Salteras y Santiponce, cuyo promotor es la entidad Minera Los Frailes", figuraba en aquellos anuncios, habilitando un plazo de 30 días para la consulta del expediente y la formalización de alegaciones ante la Delegación Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas.

"DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA"

Pero después, a mediados de diciembre, dicha delegación territorial sometía a información pública una "documentación complementaria del proyecto" en cuestión, para la recepción de posibles "alegaciones y aportaciones adicionales".

Tanto la documentación del grueso del proyecto de explotación como su información complementaria, en cualquier caso, están sometidas a un plazo de alegaciones que finaliza el día 26 de enero de este mes, según refleja la aplicación de participación ciudadana e información pública de la Junta de Andalucía.

La reapertura de la mina cuenta con una inversión prevista de 316 millones de euros y la previsión de crear unos 2.000 empleos directos e indirectos, para la extracción de 45 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos, es decir, cobre, zinc y plomo; durante al menos 17 años tras los tres primeros años de reacondicionamiento de la corta.

Los colectivos ecologistas, de su lado, avisan de que la autorización ambiental aprobada por la Junta de Andalucía permite un "vertido tóxico global de 85,5 hectómetros cúbicos en el Guadalquivir".

"En total, la Junta de Andalucía propone autorizar un vertido tóxico global de 85,52 hectómetros cúbicos en una Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000 del Bajo Guadalquivir, que contaminará todo el Guadalquivir desde Sevilla hasta la desembocadura en Sanlúcar de Barrameda, afectando igualmente al Parque Nacional de Doñana", alertan.

EL JUICIO PENAL POR LA ADJUDICACIÓN

De otro lado, recordemos que la Audiencia de Sevilla ha fijado para el 3 de marzo de 2025 el comienzo del juicio correspondientes a la investigación penal de la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes a México-Minorbis, en el que participa la sociedad andaluza Magtel, por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación; tras la denuncia formulada por Emerita-Forbes Manhattan, empresa que pujó sin éxito por tales derechos.

El asunto llegará a juicio, al detalle, después de que la juez instructora del caso ordenase dos veces archivar las actuaciones al no apreciar delito la Fiscalía, pero ambas órdenes de sobreseimiento fuesen revocadas por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde figura la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos incentivados con fondos autonómicos.