​Sanidad implantará el miércoles la obligatoriedad de mascarilla en hospitales y centros sanitarios

Ha abierto un plazo de alegaciones por el que, en las próximas 48 horas, las CCAA podrán hacer llegar sus propuestas al documento presentado por el Ministerio, como puede ser ampliar esta medida a las farmacias

El Ministerio de Sanidad implantará el próximo miércoles el uso obligatorio de mascarillas en hospitales y centros sanitarios, después de que no haya llegado a un acuerdo con comunidades autónomas, en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), sobre la obligatoriedad de su uso de la mascarilla en centros sanitarios, residencias y farmacias ante el repunte de infecciones por virus respiratorios.

Fuentes del departamento que dirige Mónica García han confirmado a Europa Press que esta medida se toma en cumplimiento del artículo 65 de la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que permite la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública.

Las mismas fuentes han precisado que la medida se toma únicamente para hospitales y centros de salud, no en centros sociosanitarios o farmacias, como estaba incluido en la propuesta presentada en el consejo interterritorial.

Ante la falta de acuerdo en la reunión de la mañana, Sanidad ha abierto un plazo de alegaciones por el que, en las próximas 48 horas, las CCAA podrán hacer llegar sus propuestas al documento presentado por el Ministerio, como puede ser ampliar esta medida a las farmacias.

"Después de la pandemia sufrida, hemos aprendido y no nos resignamos a las cifras pre-pandemia. Desde este Ministerio, vamos a seguir trabajando para minimizar los riesgos y homogenizar la protección de la salud", ha insistido García en declaraciones a los medios, una vez acabada la reunión.

García ha defendido que es una norma "efectiva, de sentido común, avalada por la evidencia científica y que es bien recibida por la población".

Si bien el pasado viernes Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia anunciaron la implantación del uso obligatorio de las mascarillas en estos centros, otras CCAA han mostrado su oposición a esta medida, ya que prefieren no pasar de la recomendación. Por otro lado, Aragón, que anunció la obligatoriedad solo para el personal sanitario, ha ampliado su uso también a los pacientes en salas de espera.

En este sentido, Sanidad también ha planteado durante el encuentro de esta mañana la necesidad de dar "un soporte jurídico", a través de una declaración de actuación coordinada, a todas aquellas comunidades "de diferentes colores políticos" que ya han introducido la mascarilla en sus sistemas sanitarios.

Entre las comunidades que se posicionan en contra, destacan Castilla y León. Su consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha destacado también que la convocatoria de esta reunión "llega tarde". No obstante, ha defendido que la comunidad cuenta desde hace años con planes de contingencia invernal para hacer frente al incremento de casos de patologías respiratorias.

Por su parte, el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, ha asegurado que las mascarillas seguirán siendo obligatorias para "proteger a las personas vulnerables" hasta el momento en el que la incidencia permita una desescalada.

Sin embargo, coincide con su homólogo de Castilla y León en sus críticas a la reunión de este lunes.Para el consejero, ha sido un CISNS "verdaderamente decepcionante, improcedente e innecesario", porque se ha creado en la población una sensación de alerta que "no se correspondía con la realidad". Según Bancalero, ha generado "incomodidad" y "rechazo" entre todas comunidades autónomas, "de todos los colores".

Madrid mantendrá la recomendación de usar mascarilla en los supuestos contemplados desde que finalizara la pandemia en julio de 2023, es decir, ante síntomas y para personas especialmente vulnerables, y ha censurado que el Ministerio de Sanidad haya adelantado las propuestas y medidas que ha llevado a la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) "a través de canales no oficiales".

En declaraciones a los medios tras el encuentro, la consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, ha recalcado que "todos los consejeros de Sanidad, excepto Cataluña", han coincidido en recomendar el uso de mascarillas "de forma responsable" en los supuestos que ya están indicados desde que finalizara en la pandemia en julio de 2023.

Por su parte, la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, también ha mostrado su descontento con la reunión. A su juicio, estas decisiones deben tomarse en primer lugar en la Ponencia de Alertas y en la Comisión de Salud Pública, donde se elabore un documento donde se establezcan niveles de alertas o indicadores, entre otros, para posteriormente ser avalado en el Consejo Interterritorial.

Por este motivo, Andalucía ha votado en contra del documento propuesto "al carecer de rigor técnico", según ha recogido la Consejería en una nota de prensa.

En la misma línea, el consejero de Sanidad de Galicia, Julio García Comesaña, ve "desproporcionada" la intención que tenía Sanidad de poner la mascarilla obligatoria en centros sanitarios, residencias y farmacias, aunque no se opone a que se aplique en comunidades "que lo precisan". Al igual que sus homólogos, ha reclamado que cualquier medida al respecto se base en "criterios técnicos".

"La práctica unanimidad de los consejeros han criticado a la ministra por el intento de usar el CISNS como si fuera su cuenta de Twitter o una pancarta de una manifestación", ha proclamado García Comesaña, quien ha criticado el carácter "apresurado" de la convocatoria y el hecho de que García anunciase los temas a abordar "fuera" del propio órgano y sin convocar primero ni la Ponencia de Alertas ni la Comisión de Salud Pública.