El alcalde de La Algaba citado por la juez del caso que deniega anular la grabación

El Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, que investiga al alcalde de La Algaba, Diego Manuel Agüera Piñero, por posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos tras la grabación en la que él mismo habla de la adjudicación de contratos a un empresario por ser padre de una militante socialista, ha denegado una petición para que la citada grabación fuese anulada y ha fijado para el 16 de enero la comparecencia judicial de Agüera y el resto de imputados, siendo la cuarta vez que se les cita.

En principio, la citada instancia judicial había fijado para el pasado 22 de septiembre la comparecencia como investigados por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos de Diego Manuel Agüera, el dirigente socialista y coordinador de recursos y proyectos del Ayuntamiento Fernando Tirado Díaz y las hermanas Elisa Isabel y Dolores Fátima Cano Gallardo, como titulares de la empresa adjudicataria de un contrato promovido en 2010 por el Consistorio, para comprar diez carros de basureros y un equipo de baldeo móvil.

No obstante, la juez instructora suspendió las cuatro comparecencias y las fijó de nuevo para los días 20 y 21 de octubre, para permitir la plena participación de las nuevas partes personadas en las diligencias, la Diputación de Sevilla e IU-CA. Pero aquellas comparecencias fueron también suspendidas por motivos de procedimiento.

NUEVO AUTO

Ahora ha trascendido un auto emitido por la juez instructora el pasado 16 de noviembre, resolviendo un recurso de reforma y subsidiario de apelación del investigado Fernando Tirado, contra una resolución previa en la que se desestimaba ya "la petición de nulidad de la grabación acompañada a la denuncia origen del procedimiento". El nuevo auto, además, resuelve una recurso de reforma del alcalde contra la denegación de que fuesen suspendidas las comparecencias que, por aquel entonces, habían sido fijadas para los días 1 y 2 de diciembre, al objeto de que prestasen finalmente declaración los cuatro investigados.

Lo cierto es que, de cualquier modo, en este nuevo auto recogido por Europa Press, la juez instructora rechaza el recurso de reforma de Fernando Tirado contra la desestimación previa de la petición de que la grabación en cuestión sea anulada, recordando que "esta misma cuestión ha sido resuelta en dos ocasiones" previas y tramitando "la apelación subsidiaria" del citado recurso.

En cuanto a la petición del alcalde para que fuesen suspendidas las comparecencias del 1 y 2 de diciembre, la juez accedía finalmente a esta tercera suspensión de las declaraciones, fijando el 16 de enero como nueva fecha para que comparezcan los cuatro investigados.

MÁS COSTES PARA EL AYUNTAMIENTO

Según la juez instructora del caso, de los términos de la investigación efectuada por la UCO "se desprende que dicha contratación (de 2010) pudo hacerse con fines de enriquecimiento de la empresa" de la que eran titulares las hermanas investigadas, "tras haberlo ofrecido verbalmente (el alcalde) al padre de éstas, aún suponiendo ello mayor coste para el Ayuntamiento tal y como se desprende de determinados extremos de la grabación" que dio inicio a la causa y que figura transcrita en un atestado de la UCO.

En el auto en el que la juez Patricia Fernández Franco cita como investigado al alcalde de La Algaba y al resto de imputados, se señala entre otros aspectos "la inmediatez con la que se amplía el objeto social" de la empresa Materiales de Construcción Romecan S.L., las "irregularidades en la entrega de los carros, la falta de justificación y contradicciones de quienes han declarado hasta la fecha sobre el número de unidades realmente entregadas y el eventual sobrecoste vinculado a esta operación".

Para la juez, la operación, siempre presuntamente, "pudo generar un perjuicio para las arcas públicas, teniendo en cuenta que la adquisición de hizo con fondos procedentes de una subvención de la Diputación Provincial y que, a día de hoy, no consta de forma fidedigna si los carros llegaron a entregarse en su totalidad o no".

CONVERSACIÓN GRABADA

En la conversación grabada y elevada a los juzgados, de cualquier modo, el alcalde de La Algaba trasladaba a una empleada municipal y militante socialista que en ese municipio "se está a los pies del PSOE", señalando que el Ayuntamiento adjudicó al padre de esta mujer un contrato municipal porque a él le salió "de la polla", porque había "más de 40 empresas" pujando por dicho contrato. "Hay más de cuarenta empresas y se la di a tu padre", asevera el alcalde en la grabación investigada.

De su lado, el alcalde ya reconoció a Europa Press ser el autor de las declaraciones grabadas sobre las que se sustenta la investigación, pero las encuadró en una conversación derivada de un conflicto político con el entonces marido de la militante, asegurando que todas las contrataciones municipales están "bajo el paraguas de la legalidad", mostrando su "arrepentimiento" y pidiendo "perdón" por sus palabras.