El Consejo de Estado ve fundamentos jurídicos para recurrir al TC la reforma exprés del Parlamento catalán

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Reforma exprs

El Consejo de Estado considera que existen fundamentos jurídicos para interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional por la reforma aprobada este miércoles en el Parlamento catalán para tramitar por la vía urgente las leyes de desconexión, según han informado a Europa Press fuentes del máximo órgano consultivo del Gobierno.


Así se recoge en el dictamen que la Comisión Permanente del Consejo de Estado ha aprobado por unanimidad avalando la interposición de ese recurso de inconstitucionalidad por la modificación del artículo 135.2 del Reglamento del Parlamento catalán "por vulnerar el derecho de participación política en condiciones de igualdad reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución".


Rajoy solicitó este miércoles un dictamen urgente al Consejo de Estado tras aprobar el Parlament esa reforma exprés que permitirá la tramitación por el procedimiento de lectura única de disposiciones legales y podría ser utilizado para aprobar las leyes del referéndum y de transitoriedad, sin ningún tipo de debate y sin la posibilidad de presentar enmiendas.


En concreto, este miércoles el Parlamento catalán dio luz verde con los 72 votos de JxSí, la CUP y el diputado no adscrito Germà Gordó y pese al rechazo del resto de grupos (63 votos) la reforma del reglamento de la Cámara que permitirá a los dos partidos independentistas aprobar por el mecanismo de lectura única --el procedimiento de máxima urgencia-- la ley del referéndum del 1 de octubre y las conocidas como leyes de 'desconexión'.


Con esta reforma, JxSí y la CUP se aseguran poder aprobar leyes de forma urgente solo con sus votos y pese a que lo rechacen el resto de grupos de la Cámara: este mecanismo permite aprobar leyes con un solo debate y en un solo día. Los partidos de la oposición consideran que las dos formaciones independentistas quieren aprobar las leyes soberanistas por este sistema para dar el mínimo margen posible de maniobra al Gobierno central para impugnarlas.


Ante ese hecho, Rajoy solicitó un informe urgente al Consejo de Estado, que se ha pronunciado en menos de 24 horas. Así, esta mañana se ha reunido la sección primera de la Comisión Permanente de este órgano consultivo. Después lo ha hecho la Comisión permanente --la componen el presidente de este órgano, los consejeros permanentes y el secretario general-- y ha emitido un dictamen por unanimidad en el que concluye que existen fundamentos para recurrir al TC esa reforma exprés.


El Consejo de Ministros analizará en su reunión de este viernes este dictamen del órgano consultivo que preside el exministro José Manuel Romay Beccaría y podría aprobar mañana mismo interponer ese recurso de inconstitucionalidad. Se trata de la última reunión del Consejo de Ministros antes del descanso estival y está previsto que el propio Mariano Rajoy comparezca en rueda de prensa ante los medios de comunicación para hacer un balance. En esa comparecencia podría anunciar la decisión del Ejecutivo de recurrir.


El Consejo de Estado cree que existen fundamento jurídicos para interponer recurso de inconstitucionalidad contra esa reforma del Parlament por "vulnerar el derecho de participación política en condiciones de igualdad reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución".


En este dictamen, que se emite con carácter preceptivo, se recogen los principales trámites del procedimiento de reforma del Reglamento, como el de la Junta de Letrados del Parlamento de Cataluña del 21 de junio de 2017 o del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña del 6 de julio, informes en los que se "sugiere la pertinencia de introducir un trámite de enmiendas en el procedimiento de lectura única de las proposiciones de ley".


El órgano consultivo señala además que el presidente del Gobierno podrá interponer "llegado el caso" el correspondiente recurso de inconstitucionalidad "por vicios tanto procedimentales como sustantivos contra las leyes que pidieran aprobarse por el trámite de lectura única, una vez que las mismas publicadas siempre que vulneren el derecho de participación política del artículo 23 de la Constitución o el mencionado precepto reglamentario".

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