CGT lleva ante la Fiscalía a EPES 061 por presunta comisión de varios delitos

El conflicto laboral del servicio de emergencias 061 de Málaga se recrudece cuando se van a cumplir 292 días de encierro de sus trabajadores. Ese mismo día está señalado el juicio en el Juzgado de lo Social nº 1 de Málaga por el despido de Macarena, una trabajadora despedida mientras, según denuncia el sindicato CGT, los trabajadores de gestión de emergencias del 061 "continúan sin obtener soluciones factibles para que el conflicto pueda quedar solventado".

De esta forma, el sindicato denuncia que "aunque se puso en marcha un pseudoproceso de negociación con Ilunion Emergencias, empresa concesionaria del servicio de gestión de llamadas telefónicas del 061, y la Consejería de Salud había garantizado verbalmente la reincorporación de las nueve trabajadoras despedidas (8 en Málaga y 1 en Cádiz), finalmente "ni se han alcanzado acuerdos con Ilunion ni Martin Blanco, Viceconsejero de Salud de la Junta de Andalucía, nos confirma fecha efectiva de los reingresos, como se comprometió".

Mientras continúan las movilizaciones y las denuncias a la Empresa Pública con, aclara CGT, indicios que salpican directamente a los directivos de EPES061 y casi con toda seguridad a responsables de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

En este sentido CGT apunta que que recientemente el Consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Aquilino Alonso, respondía a una interpelación de Jesús Rodríguez (Podemos) en el Parlamento andaluz, ante los continuos incumplimientos de Ilunion (grupo ONCE), las diferentes sanciones de la Inspección de Trabajo por incumplimientos de la normativa laboral básica, sentencias judiciales que condenan a esta empresa por Vulnerar Derechos Fundamentales o sanciones de la Agencia Española de Protección de Datos, afirmando el Consejero que el Contrato de esta empresa vencía el 31 de diciembre de 2015 y tras las indagaciones realizadas hemos podido constatar y así lo tenemos por escrito, que el Consejero de Salud mintió en Sede Parlamentaria, dado que con fecha 19 de junio, en pleno conflicto y más de seis meses antes de terminar el contrato actual, fue prorrogado por EPES 061 hasta el 31 de diciembre de 2016.

Con estas pruebas e indicios, CGT va a formalizar denuncia ante la Fiscalía el próximo lunes 11 de enero, "aportando la documentación en su poder e instando a iniciar una investigación por si se constatase la existencia de prevaricación o de algún otro delito".