El Ayuntamiento aprueba licitar el nuevo contrato del servicio municipal de grúa por 7,62 millones

En su anterior escrito de preaviso de huelga para el periodo navideño, los representantes sindicales de la plantilla señalaban que la entidad gestora de este servicio público no estaría cumpliendo el acuerdo alcanzado el pasado mes de abril de 2023.

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el popular José Luis Sanz, ha aprobado el expediente destinado a la nueva licitación y contratación del servicio municipal de grúa, actualmente gestionado por una unión temporal de empresas (UTE) conformada por Talleres y Automóviles Diego y Tranfocar y marcado por un profundo conflicto laboral.

Así, el Ayuntamiento ha aprobado dedicar 7,62 millones de euros, IVA incluido, a la nueva contratación de este servicio, dando además luz verde al pliego de prescripciones técnicas particulares, los pliegos de cláusulas administrativas particulares y los anexos que regularán el correspondiente concurso público.

Ello, en un contexto en el que la plantilla ha protagonizado una convocatoria de paros parciales durante la Feria de Abril, tras haber renunciado a la misma medida en Semana Santa, al acordar con la empresa la readmisión de los dos empleados despedidos como "represalia" por las movilizaciones de la última Navidad, con el abono del salario dejado de percibir; y una "pequeña subida de sueldo" para los 16 trabajadores de menor antigüedad.

"La plantilla lleva cuatro años sufriendo una congelación salarial, que ha provocado una pérdida de poder adquisitivo por encima del 17 por ciento, además de que la UTE se niega a la renovación de el convenio colectivo y no lo respeta, realizando descuentos económicos injustificados", sostiene la representación de los trabajadores, encabezada por el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme).

EL CONFLICTO DE LA GRÚA MUNICIPAL

En su anterior escrito de preaviso de huelga para el periodo navideño, los representantes sindicales de la plantilla señalaban que la entidad gestora de este servicio público no estaría cumpliendo el acuerdo alcanzado el pasado mes de abril de 2023 precisamente en el seno del Sercla, para poner fin al conflicto laboral que atravesaba ya entonces el servicio, huelga incluida.

EL CONFLICTO DE LA GRÚA

Para la convocatoria de huelga promovida entonces, el sindicato avisaba de que la unión temporal de empresas (UTE) Grúa Sevilla, como entonces nueva adjudicataria de este servicio municipal y encabezada entonces por el Grupo SSG, no había "subrogado las condiciones de los trabajadores de la anterior empresa concesionaria del servicio, limitándose a darles de alta en la Seguridad Social acogiéndolos a un convenio colectivo diferente (convenio colectivo andaluz de grúas móviles autopropulsadas) y no al convenio colectivo de retirada e inmovilización de vehículos, depósito y gestión de cobros de la grúa municipal de Sevilla (...), con la evidente pérdida de derechos económicos y sociales".

El acuerdo alcanzado el pasado mes de abril de 2023 para levantar la convocatoria de huelga implicaba la aplicación del convenio colectivo de empresa del que ya disfrutaba esta plantilla antes de la nueva adjudicación del servicio, pero de manera "transitoria" hasta que pese una resolución judicial que resuelva qué convenio corresponde aplicar, si el convenio propio esgrimido por los trabajadores o el de ámbito autonómico que defiende la empresa.

"INCUMPLIMIENTO" DE LOS ACUERDOS

Pero desde entonces, según el comité de huelga, encabezado por el Sppme, la entidad estaría "faltando de forma recurrente a su compromiso , incurriendo en numerosos, variados y continuos incumplimientos", como el correspondiente a la aplicación transitoria del convenio colectivo "hasta que hubiese resolución judicial que delimite cuál es el convenio aplicable", extremo que según la plantilla aún no ha sucedido.

También avisa del supuesto incumplimiento de los acuerdos correspondientes a los contratos de relevo, al imponer a los trabajadores "cláusulas abusivas de movilidad geográfica"; criticando en paralelo la instalación de "sistemas de videograbación" en el centro de trabajo, con "pretensión" de hacerlo además en los vehículos grúa, con una "más que probable vulneración del derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen" de los trabajadores.