Se hace cargo del servicio, que corresponde a los propios vecinos de la urbanización, tras expirar el contrato que tenían contratada, en aras de la “salubridad pública y ante la situación de pandemia sanitaria”
Además afirma que se trata de “suelo urbano no consolidado, lo que se traduce en que en algunos casos pagan hasta un 35 por ciento menos de IBI”