La Junta avanza en el cambio de la Vereda Salto de la Trocha en Sevilla pese a la oposición de los colectivos sociales

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Vereda salto trochaLa Dirección de Vías Pecuarias de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio avanza en la modificación parcial del trazado de la vereda del Salto de la Trocha, pese a la oposición de los agentes sociales que, el pasado 8 de abril, protagonizaron una "histórica" movilización en la Sierra Morena de Sevilla para instar al consejero José Fiscal a adecuar y reabrir el trazado histórico entre Castilblanco de los Arroyos y Almadén.


Así lo denuncia la recién creada Asociación Sevillana en Defensa de los Caminos Públicos, que entiende que, al asumir la Consejería de Medio Ambiente el cambio de trazado, se está consolidando la usurpación de un bien público. "La Junta de Andalucía, en lugar de reclamar a los propietarios de fincas aledañas que abran esta vereda que han venido ocupando durante años, lo que ha hecho este cambio de trazado sin atender a los agentes sociales involucrados es consolidar la usurpación de estas veredas, vías y caminos públicos que, por ley, debe preservar como parte relevante del patrimonio público en el área rural", expresan.


Según se informó en 2009 en el Pleno del Ayuntamiento de Castilblanco, la modificación tendría un coste aproximado de 300.000 euros. El ex alcalde, Segundo Benítez, promotor de la modificación del trazado, expresó ante las preguntas de la oposición que este cambio no tendría costo para las arcas públicas. La Junta de Andalucía anunció en mayo de 2018 que iniciaba los trabajos de creación de este nuevo trazado, asumiendo finalmente la administración autonómica el presupuesto para este proyecto con dinero público.


Los trabajos de creación del nuevo trazado avanzan actualmente junto al arcén de la carretera SE-5405 que une los pueblos de Castilblanco y Almadén. Una carretera con un trazado sinuoso con curvas y fuertes pendientes por donde en los últimos años se han visto obligadas a transitar miles de personas que hacen el Camino de Santiago por la Vía de la Plata en la provincia de Sevilla, como consecuencia de la ocupación del trazado histórico de la vereda del Salto de la Trocha que los propietarios de las fincas La Yerbabuena y Cortijo de Campo han mantenido con la connivencia de la Junta de Andalucía.


El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía avaló la modificación parcial de esta vereda, y afirmó asimismo que la modificación responde al "interés público". Los agentes sociales, sin embargo, defienden que el proceso estuvo plagado de irregularidades con estudios topográficos que no aparecen firmados y se desconoce quién pagó y con qué dinero, y con el silencio administrativo como norma. Todo con el objetivo último de defender el interés privado de los propietarios de fincas que habían venido ocupando, hasta la modificación del trazado, esta vereda del Salto de la Trocha en el área rural.


"Se trata de un problema de naturaleza política: una decisión que la administración tomó de forma unilateral sin contar con los agentes sociales, en un proceso donde no se atendieron a las alegaciones de los colectivos que defendemos el patrimonio caminero", afirman desde la Asociación Sevillana en Defensa de los Caminos Públicos, "y es también de naturaleza política la decisión que debe revertir el mal que se hace al modificar este trazado, sustituyendo un corredor ecológico de biodiversidad e historia, como muestran los yacimientos de antiguas ventas y cercas de apicultores que abundan en la zona, por un nuevo camino que levantan con dinero público".


Representantes de la Asociación Sevillana en Defensa de los Caminos Públicos presentarán esta nueva entidad en las jornadas de la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos en Torrevieja (Alicante). Los colectivos hacen un llamamiento al consejero José Fiscal para revertir esta situación desencadenada por la administración autonómica responsable de garantizar la apertura y la adecuación del patrimonio caminero de Andalucía. "Pedimos a la Junta una hoja de ruta para recuperar el trazado original y para consensuar con los agentes sociales los plazos para su adecuación y puesta al servicio de la ciudadanía", concluyen.

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