Los taxistas y el Ayuntamiento acuerdan una precontratación de entre 30 y 60 minutos para los VTC

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Tal extremo será propuesto a la Junta con las peticiones adicionales de que sea obligatorio su regreso a base y despojarles de la geolocalización.


Taxi

El grupo de trabajo conformado entre la Unión Sevillana del Taxi, Solidaridad Hispalense del Taxi y Élite Taxi con el Ayuntamiento de la capital andaluza, para resolver con qué medidas desarrollar el Real Decreto Ley que faculta a las comunidades autónomas y los municipios para regular la actividad de los vehículos de transporte concertado (VTC), ha acordado pedir a la Junta de Andalucía que tal servicio esté sujeto a una precontratación previa de entre 30 y 60 minutos y que sea obligatorio su regreso a la base tras cada uno de los portes.

Así lo ha manifestado a Europa Press Pedro López, presidente de Élite Taxi Sevilla, y lo han confirmado fuentes municipales, exponiendo ambas partes que groso modo, el sector local del taxi y el Consistorio han acordado proponer a la Junta de Andalucía que desarrolle el citado Real Decreto Ley, estipulando un plazo mínimo de entre 30 y 60 minutos para la precontratación previa de un servicio de VTC, para que cada municipio fije un mínimo dentro de esa horquilla, así como que les sea obligatorio regresar a su base tras cada uno de los portes, eliminar la geolocalización de las aplicaciones digitales con las que se solicitan estos servicios y, por último, declarar al taxi como servicio "de interés general".

Y es que según Pedro López, "la inmediatez" es cosa del taxi", extremo que a su juicio queda protegido con estas medidas que se enmarcan en las peticiones de los taxistas en el resto de comunidades y grandes municipios.

En el marco de la huelga promovida por los taxistas de Madrid y Barcelona en demanda de que sus respectivos gobiernos autonómicos impulsen nuevas medidas de regulación sobre los vehículos de transporte concertado que operan para empresas de alquiler de coches con conductor como Uber o Cabify, el presidente de la Unión Sevillana del Taxi, Fernando Morales, había explicado ya a Europa Press que la semana pasada, el sector local del taxi de Sevilla y el Gobierno socialista del Ayuntamiento hispalense celebraban ya una reunión al respecto.

Y es que a comienzos del pasado mes de diciembre, recordémoslo, las principales asociaciones de taxistas de Sevilla y el Consistorio hispalense acordaban crear un grupo de trabajo en torno al entonces recién promulgado Real Decreto Ley que faculta a las comunidades autónomas y los municipios para regular y limitar las autorizaciones de VTC si así lo deciden.

Para ello, dicho real decreto estipula un régimen transitorio de cuatro años para que las comunidades autónomas y los municipios adapten las normativas, periodo en el que los VTC podrán seguir operando como hasta ahora en el ámbito urbano.

Mientras en aquellos momentos el propio Morales avisaba de que el Ayuntamiento de Sevilla "debe liderar el proyecto de unificación de criterios con el resto de principales consistorios (andaluces) y la Junta de Andalucía, para que tengamos una norma común, dotándose de herramientas suficientes" para afrontar esta problemática, "diferenciando" siempre a los VTC del servicio de taxi, Morales indicaba así que el sector local del taxi y el Consistorio están "trabajando conjuntamente" en ese sentido.

"LA MÁXIMA ES EL DIÁLOGO"

"La máxima es el diálogo", defendía, exponiendo que la idea es que fruto de dicho trabajo "conjunto", el Ayuntamiento hispalense y las asociaciones del sector eleven al nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía, conformado entre el PP y Cs, una propuesta para la mencionada "norma común" que impida situaciones de supuesta competencia desleal. Así las cosas, Fernando Morales manifestaba que la Unión Sevilla del Taxi, "hoy por hoy", no tiene "nada pensado" en materia de movilizaciones.

Recordando que las reivindicaciones de los taxistas sevillanos son "las mismas" que en el caso de Madrid y Barcelona, Morales señalaba el "apoyo" del sector local del taxi a sus "compañeros" de tales ciudades, si bien insistía en que para la Unión Sevillana del Taxi prima la vía "del diálogo" y "a corto plazo" no hay planteada ninguna movilización.

Y es que el sector del taxi acusa a los conductores de VTC de invadir su ámbito de actuación e incurrir repetidamente en incumplimientos de las normativas, pues la actual regulación les impide transitar por carriles reservados al transporte público o circular a la búsqueda aleatoria de clientes, mientras estos últimos advierten de situaciones de coacción, amenazas y ataques por parte de taxistas.


En el marco de este conflicto, la Policía Nacional tiene como investigados a más de 32 taxistas por supuestos casos de acoso, violencia y amenazas a conductores de VTC e incluso a otros taxistas, toda vez que fruto de estas pesquisas policiales, el Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla ha incoado una causa en la que figuran como investigados los principales dirigentes de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, por supuestas prácticas coactivas para acaparar la parada de taxis del aeropuerto, regida por una tarifa única.

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