Junta de Andalucía y ayuntamiento de Sevilla refuerzan la colaboración para hacer frente al brote de listeriosis

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, el consejero de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior, Elías Bendodo, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y el delegado de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación social, Juan Manuel Flores, han mantenido la segunda reunión de trabajo institucional desde que el pasado día 15 de agosto la Junta de Andalucía aprobara la declaración de alerta sanitaria.

Este encuentro, celebrado en el Palacio de San Telmo, se produce después de que ambas administraciones durante las últimas semanas hayan formado parte de una comisión técnica conjunta, hayan mantenido distintos encuentros sectoriales y conformado equipos conjuntos de trabajo especialmente para controlar e investigar la crisis alimentaria por la contaminación de productos de la empresa Magrudis con listeria monocytogenes.

Según han informado mediante nota de prensa, esta empresa, Magrudis, con sede en la ciudad de Sevilla, es la única responsable de la crisis alimentaria que se ha producido demostrándose además en el marco de las investigaciones realizadas que había incumplido las normativas autonómica y municipal con documentaciones incompletas, erróneas o simplemente inexistentes en los registros de la Consejería de Salud, la Consejería de Agricultura y el Ayuntamiento de Sevilla. Del mismo modo, en el marco de las investigaciones, se ha constatado su falta de colaboración y ocultación de informaciones esenciales motivo por el cual ha sido denunciada ante la Fiscalía de Sevilla por Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Sevilla.

El Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, en el marco de sus respectivas competencias vienen manteniendo una línea de trabajo conjunta desarrollada por los equipos técnicos de ambas administraciones con total transparencia y con la misma línea de colaboración que viene existiendo desde que se realizó el primer análisis en el laboratorio municipal para detectar el origen de los brotes de listeriosis. En este sentido, los consejeros del Gobierno andaluz y el alcalde de Sevilla han coincidido en reconocer y destacar la profesionalidad y la dedicación completa de los equipos técnicos de ambas administraciones.

Tal y como viene ocurriendo hasta el momento, la Junta de Andalucía mantendrá la coordinación de todas las acciones y medidas que se lleven a cabo en el marco de la declaración de alerta sanitaria, competencia exclusiva autonómica, contando con todo el respaldo del Ayuntamiento de Sevilla en el marco de sus competencias y de los convenios de colaboración existentes en estos momentos.

En cualquier caso, con el objetivo de reforzar esta coordinación en la investigación que se está llevando a cabo y mejorar los sistemas de control por parte de ambas administraciones, se ha avanzado durante la reunión en los siguientes aspectos:

• El Gobierno andaluz y el Ayuntamiento de Sevilla mantendrán una línea coordinada y conjunta de intervención en las denuncias formuladas ante la Fiscalía por ambas administraciones y en la investigación judicial contra la empresa Magrudis como responsable de un delito contra la salud pública y única y principal responsable de la crisis alimentaria.

• Ambas administraciones reforzarán la coordinación entre las distintas consejerías y delegaciones municipales, respetando el ámbito de sus respectivas competencias en materia de Salud y Consumo para mejorar los controles previos en salud alimentaria, las inspecciones posteriores y la capacidad de respuesta inmediata ante cualquier situación de crisis sanitaria.

• El gobierno andaluz y el ejecutivo sevillano configurarán un equipo conjunto de trabajo (comisión técnica), en el que se dará entrada a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), así como ayuntamientos de las grandes capitales (en especial Granada y Málaga) para establecer las modificaciones legislativas necesarias para aumentar los sistemas de control previo especialmente en industrias y establecimientos cuya actividad pueda suponer un riesgo para la población.