Viera niega ante el TS intervención en la concesión de ayudas

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El exconsejero de Empleo de la Junta hace responsables de la trama a sus subordinados.


El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía José Antonio Viera negó ayer en el Tribunal Supremo haber diseñado la trama para la concesión irregular de ayudas públicas investigada en el caso de los ERE en Andalucía y ha atribuido la responsabilidad a sus subordinados. La comparecencia de Viera es la primera de la que en los próximos días harán cinco aforados, imputados ante el Supremo por este caso, entre ellos los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.


Alberto Jorge Barreiro, el juez instructor del caso en el Supremo, quien ha comunicado a Viera que comparecía con relación a supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, ha centrado su interrogatorio, según fuentes presentes en la declaración, en el informe de los peritos de la Intervención General del Estado sobre las ayudas irregulares.


Viera ha respondido también a las preguntas del fiscal, ante quien ha negado haber intervenido en el diseño y aprobación de la normativa que llevó a la concesión de las citadas ayudas irregulares. También ha negado haber intervenido en la concesión de las mismas, según fuentes presentes en el interrogatorio. La negativa de Viera ha llegado hasta el punto de que uno de los dos fiscales de la causa le ha preguntado, en tono irónico, cuál era entonces su función como consejero de Empleo. Entonces Viera ha explicado que él se dedicaba a la acción política.


El imputado, que ha comparecido durante unas cuatro horas, ha asegurado al magistrado instructor que se limitaba a firmar lo que le pasaban sus subordinados y, en concreto, ha aludido a la Dirección General de Trabajo. Francisco Javier Guerrero, imputado en esta causa, era responsable de ese departamento.


Así, las respuestas del declarante ante las preguntas del juez se han centrado en tres ideas: que se limitó a aplicar la legalidad aprobada por el Parlamento de Andalucía, que la responsable del gasto y de los convenios de ayudas era la ya citada Dirección General y que si hubiera advertido alguna irregularidad en los ERE la habría denunciado. De este modo, ha señalado que ha conocido las irregularidades por los autos judiciales porque se limitó a firmar los documentos en su mesa en la confianza de que habían pasado los informes técnicos jurídicos y fiscalizadores. Ha apuntado a sus subordinados y ha asegurado desconocer el procedimiento jurídico articulado por su Consejería. 

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