Cinco detenidos acusados de explotar a una menor de 11 años y venderla

La Junta declara el desamparo de la menor y se encuentra actualmente en un centro de menores. 

Los padres de una niña de 11 años, vecinos de Sevilla, y otro matrimonio y su hijo de 19 años, estos últimos con residencia en un pueblo de la provincia de Valladolid, han sido detenidos por la Guardia Civil después de que los primeros supuestamente vendieran a su hija a los segundos por 17.000 euros para contraer matrimonio y a partir de entonces fuera sometida, presuntamente, a maltrato, explotación sexual y laboral.

La operación, que la Guardia Civil da por cerrada tras un año de investigación, ha sido desvelada este miércoles por el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jorge Llorente, y el comandante jefe de operaciones, Roberto Ferrero, quienes han precisado que los cinco detenidos pertenecen a dos clanes de origen rumano, de los cuales los padres de la menor permanecen en situación de libertad provisional mientras que el suegro y marido 'a la fuerza' de la niña, tras pasar a disposición judicial, han ingresado en prisión.

A los detenidos, en el marco de la operación 'Cachiseca', desarrollada en las provincias de Valladolid y Sevilla, se les imputan delitos de trata de seres humanos, malos tratos, hurto, abuso sexual, agresión sexual y explotación laboral.

Las investigaciones se iniciaron cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que en mayo de 2014 el clan rumano de Sevilla y el ahora detenido en Valladolid acordaron la venta por 17.000 euros de la hija de 11 años de los primeros para que contrajera matrimonio en una fiesta de compromiso en Rumanía con el hijo del clan vallisoletano, de 19 años.

10.000 euros por devolverla

Con posterioridad, la Benemérita constató que la menor podría estar residiendo con otra familia en la provincia Valladolid y averiguó que la niña había realizado una llamada de socorro a su madre por los malos tratos recibidos, tanto sexual como laboralmente, ante lo cual el clan vallisoletano, consciente ya de que estaba siendo investigado, optó por dejar marchar a la menor en autobús a Sevilla con sus padres biológicos, a los que incluso reclamaron por ello un pago de 10.000 euros, sin que se sepa si se produjo o no dicho abono.

Por tal motivo, la Guardia Civil procedió a la detención de M.I.B. de 19 años; G.B., de 39 años; T.B., de 40 años; C.T., de 42 años, y G.T., de 41 años, pertenecientes a los dos clanes familiares implicados.

Según han apuntado Llorente y el comandante Ferrero, la menor habría sido maltratada desde su llegada a Valladolid, donde la familia en la que recayó la insultaba, amenazaba y agredía "constantemente", obligándola a mantener relaciones sexuales con M.I.B. y a trabajar en labores agrícolas, recogiendo uva y patatas, "con jornadas laborales intensas y sin recibir ninguna remuneración económica".

Asimismo, llegaron a arrancarle de las orejas, de forma muy violenta, los pendientes que llevaba puestos como parte de compensación de la deuda que habían contraído sus progenitores cuando pidieron la vuelta de la menor a Sevilla.

"La niña había sido adquirida como si fuera un objeto y estaba a disposición de sus compradores para todo", ha advertido Roberto Ferrero, quien ha añadido también que el matrimonio de la niña de 11 años no tiene validez en España al tratarse de una menor.

La operación ha sido llevada a cabo por las Unidades de Policía Judicial de la Guardia Civil de Valladolid y Sevilla.

La Junta declara el desamparo de la menor de 11 años vendida por sus padres para casarse

 La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en funciones, María José Sánchez Rubio, ha señalado que ya se ha declarado el desamparo de la menor de once años que supuestamente fue vendida por sus padres para casarse, y que en estos momentos se encuentra en un centro de menores de la Junta de Andalucía.

Así lo ha indicado la consejera en declaraciones a los periodistas en Sevilla tras presentar la Guía para Madres y Padres con Hijas Adolescentes que Sufren Violencia de Género, en las que también ha afirmado que "ya se ha formulado la denuncia del caso a través de la Fiscalía ante la Policía y los juzgados".

De esto modo, la consejera señala que en primer lugar, y en cuanto se ha tenido conocimiento del caso, se "ha actuado con la medida de desamparo", porque las personas que tienen la tutela de esta menor "no la estaban ejerciendo".

En este sentido, Sánchez Rubio explica que se trata de la medida "más fuerte" en el caso de los menores, porque y "se hace inmediatamente después de que haya una sospecha, puesto que tiene que haber una garantía de protección de los menores".