​Paralizadas las obras en un local comercial de la calle Sierpes que tendrá que restituir los elementos patrimoniales protegidos en su fachada

La orden de Urbanismo es inmediata y afecta también a las empresas suministradoras de este establecimiento

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Servicio de Licencias e Inspección Urbanística de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, ha ordenado la inmediata paralización de las obras sin licencia o autorización alguna que se acometen en el establecimiento comercial de la calle Sierpes número 68 y la restitución de la realidad alterada en los elementos patrimonialmente protegidos de su fachada. En la resolución de Urbanismo, se apercibe al interesado de que, en caso de desobediencia, además de sucesivas multas coercitivas que se establezcan, se dará traslado del incumplimiento al Ministerio Fiscal a efectos de exigencia de responsabilidad y se podría imponer una multa de hasta 120.000 euros.

Tras la inspección se ha constatado que en el local en cuestión se estaban realizando obras en su fachada que no se correspondían con el contenido de la Declaración Responsable presentada el 29 de julio y que se limitaba a actuaciones menores exclusivamente en el interior del establecimiento para adecuarlo a su nuevo uso comercial. En ningún caso podían extenderse a la fachada de un inmueble encuadrado en el Plan Especial de Protección del Sector 8.3 El Duque-El Salvador del PGOU, y que protege en concreto fachadas, crujías, acceso a tienda, escaparates, rótulos y zona de venta con mobiliario compuesto por muebles, vitrinas, mesas, mostradores y sillas.

En este caso, la inspección de Urbanismo, que sucede a la que el viernes pasado realizó la Policía Local de Sevilla, verifica que la fachada ha sido pintada de color claro y los rótulos publicitarios originales protegidos han sido eliminados. Sobre el interior no ha sido posible realizar inspección, al estar el local cerrado. En consecuencia, Urbanismo ordena que se tomen las medidas que sean necesarias para adecuar la realidad a la ordenación urbanística, reconstruyendo la parte de la edificación protegida afectada por las obras conforme a los criterios de protección que establece la Comisión de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, estableciéndose un plazo de 10 días para el inicio y 20 para su plena ejecución.

Se requiere, asimismo, al interesado para concretar una visita de inspección al interior del local para evaluar el alcance de las obras. La desobediencia en la paralización o suspensión supondrá la imposición de sucesivas multas equivalentes a un 10 por ciento del valor de las obras ejecutadas y, en todo caso, de un mínimo de 600 euros y un máximo de 5.000 euros por periodos de 10 días. Esta imposición de sucesivas multas sólo se interrumpirá si el interesado traslada a la Gerencia el cumplimiento de la orden de paralización.

Asimismo, se apercibe al interesado de que el incumplimiento de las medidas adoptadas por Urbanismo supondría una infracción urbanística calificada como muy grave y dar lugar a una sanción de hasta 120.000 euros. La orden de paralización implica, además, que las empresas de suministros deberán suspender en el plazo de cinco días el suministro a este local, bajo amenaza también de sanciones coercitivas como mínimo de 600 euros y máximo de 5.000 por periodos de 10 días consecutivos. De la resolución tanto para los gestores del establecimiento del local como para las empresas de suministro se ha dado traslado a la Policía Local a fin de velar por su cumplimiento.

“Las Declaraciones Responsables son un instrumento que agiliza a las empresas y los emprendedores la ejecución de obras y, en consecuencia, reduce la espera y las tramitaciones administrativas y facilita la inversión. Pero este instrumento no puede ser pervertido hasta el extremo en el que se ha llegado en este establecimiento de la calle Sierpes, afectando a elementos patrimonialmente, de ahí la contundencia con la que se ha actuado por parte de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente en coordinación con la Policía Local”, ha dicho el delegado de Hábitat Urbano y Cohesión Social, Juan Manuel Flores.

Todo este proceso abierto al establecimiento comercial no es incompatible con otro sancionador, independientemente de las multas coercitivas recogidas en la resolución de Urbanismo.