La AUGC critica el nuevo Código Penal Militar

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Codigo guardiacivil

El nuevo Código Penal Militar comienza con mal pie. Y es que la Asociación Unificada de Guardias Civiles ha criticado el documento justo cuando entra en vigor este viernes 15 de enero. La entidad rechaza lo que considera "un recrudecimiento en las medidas represoras a los guardias civiles por parte de la Cúpula de la Institución para la que trabajan".


Según la AUGC, se trata de una medida que ha sido sacada adelante por el PP en contra de todo el arco parlamentario, "desoyendo además a las asociaciones profesionales de la Guardia Civil". Asimismo alega que es "una norma innecesaria que supone un gran retroceso en los derechos sociolaborales de los trabajadores del Cuerpo".


La asociación carga duramente sobre esta nueva disposición que "sitúa a los guardias civiles en la indefensión más absoluta, ya que su redacción está realizada de tal forma que no permite conocer con certeza y de un modo taxativo los supuestos en los que les será aplicable el Código Penal Militar".


Para la entidad si en la anterior situación quedaba claramente definido que los guardias civiles sólo quedaban sujetos a dicho Código en situaciones de guerra, estado de sitio o misiones militares, con la reforma su aplicación queda sujeta a la interpretación de los tribunales, ya que, como se ha indicado, la redacción final del texto deja abierta la posibilidad de que cualquier guardia civil pueda ser condenado a una pena de prisión militar por una mera discusión de trabajo.


Asimismo esgrime ejemplos de casos producido recientemente, como el ingreso en la cárcel militar de Alcalá Meco en febrero de 2015 de un agente que fue condenado a cuatro meses de prisión por un exceso verbal con un superior.


Otra importante novedad que se ha incorporado a este nuevo Código Penal Militar es la consideración del Director General de la Guardia Civil como autoridad militar, "algo totalmente innecesario" para la AUGC.


Igualmente, en la nueva norma se ha incluido la tipificación del delito de injurias a la Guardia Civil, una decisión "dirigida a restringir el derecho a la libertad de expresión y a dificultar gravemente el trabajo de las asociaciones profesionales de guardias civiles, así como su derecho de reunión y manifestación" según la Asociación Unificada de Guardias Civiles que cuenta en este sentido con "claros indicios de que esta medida y las anteriores han sido adoptadas estrictamente para actuar de un modo específico contra las asociaciones profesionales".


Pese a todo, AUGC reitera que continuará luchando por la defensa de los derechos sociolaborales de los guardias civiles como hasta ahora, hasta que se reconozca y se repare la discriminación que actualmente sufre este colectivo respecto al resto de policías españolas. En este sentido, la masiva manifestación del pasado 14 de noviembre, con más de 12.000 guardias civiles y sus familiares reclamando en la calle dejar de ser tratados como ciudadanos de segunda, debe servir para que de una vez por todas se reconozcan en el Congreso los derechos profesionales y personales de los guardias civiles.

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