La Oficina de la Vivienda de San Juan atiende a casi un millar de vecinos

Las cláusulas abusivas de las viviendas centraron la mayoría de consultas. 

El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache continúa ofreciendo a sus vecinos asesoramiento en materia de vivienda a través de la Oficina Municipal de Protección a la Vivienda, que ha atendido ya a un millar de personas desde su puesta en funcionamiento.

Según detalla el Consistorio en un comunicado, las cláusulas "abusivas", la dación en pago, impago de la hipoteca, alquiler social o reestructuración de deudas, entre otros, son algunos de los temas que se gestionan desde esta Oficina, que a partir de ahora también ofrecerá asesoramiento sobre los nuevos contratos hipotecarios ante la reactivación del mercado inmobiliario.

Desde su puesto en funcionamiento, la consulta estrella de sus usuarios ha sido el tema de las cláusulas "abusivas", con algo más del 77 por ciento de las actuaciones realizadas por la oficina.

El año pasado este servicio comenzó también a gestionar la tramitación la subvención de alquiler social que concede la Junta de Andalucía a aquellas familias que desde mayo de 2013 han perdido su vivienda con dación en pago por ejecución de la hipoteca. Desde entonces, se han tramitado más de un centenar de estas ayudas.

La Oficina de Protección a la Vivienda abre los martes y miércoles por la mañana, de 10,00 a 13,00 horas, y los martes también en horario de tarde, de 17,00 a 20,00. El Ayuntamiento la puso en marcha en 2013 dentro de las Medidas para la Prevención de Desahucios e Intermediación del Derecho a la Vivienda.

El Ayuntamiento de San Juan lleva desde el año 2011 poniendo en marcha diferentes medidas para garantizar el derecho habitacional en relación a las viviendas propiedad de las entidades bancarias y sus empresas filiales, exigiendo a las financieras la cesión de las viviendas vacías.

Recientemente se ha adherido al Convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, la Junta de Andalucía y la Federación de Andaluza de Municipios y Provincia, sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad, medidas de carácter social u cesión de datos en los procedimientos de desahucios y ejecución hipotecaria.