Elegir al director de la Agencia Espacial, entre los retos de Morant en 2024
El Ministerio abrirá este mes de enero una convocatoria pública, el comité propondrá tres candidatos y la ministra elevará su decisión al Consejo Rector para su evaluación.
Además, Morant, como responsable del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y, por lo tanto, como titular de la Presidencia de la Agencia Espacial Española, deberá designar al director de esta entidad con sede en Sevilla.
Precisamente, en diciembre, el Consejo Rector de la Agencia Espacial, presidido por Morant, designó al comité de selección del nuevo director o directora de esta entidad. El Ministerio abrirá este mes de enero una convocatoria pública, el comité propondrá tres candidatos y la ministra elevará su decisión al Consejo Rector para su evaluación.
Hasta que se proceda al nombramiento de la persona titular de la Dirección de la Agencia Espacial Española, esta ha recaído en la persona titular del Comisionado para el Perte Aeroespacial, que actualmente es Miguel Belló.
Entre las capacidades que valorará el Consejo Rector para elegir al director de la Agencia, destacan que tenga reconocido prestigio y experiencia en la gestión de organismos con competencia en el desarrollo de programas científicos, de innovación, de seguridad o similar en el ámbito espacial; conocimiento del entramado nacional tecnológico e industrial espacial; experiencia en la gestión, programación y despliegue de planes y objetivos; reconocida experiencia en relaciones con organizaciones internacionales y política espacial; conocimientos en la gestión económica de organizaciones de similar configuración; conocimiento de la ESA y organizaciones europeas con competencias en el ámbito del espacio.
La duración del mandato del director de la Agencia Espacial Española, que está adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y al Ministerio de Defensa, será de cinco años, con una evaluación del desempeño específica realizada por el Consejo Rector a la finalización del tercer año de mandato. El periodo de cinco años podrá ampliarse por un periodo más de dos años adicionales.
Entre las funciones que tendrá el director de la institución, el Estatuto de la entidad indica que deberá ejecutar el presupuesto de la Agencia; formular las cuentas anuales; elevar al Consejo Rector el informe anual de actividades; elaborar un informe mensual sobre el estado de ejecución presupuestaria; conceder subvenciones y ayudas públicas en el ámbito de sus competencias; proponer el nombramiento y cese del personal directivo; o nombrar un representante de la Agencia en el Consejo Nacional de Seguridad Aeroespacial.
La ministra de Ciencia e Innovación, como titular de la Presidencia de la Agencia, podrá delegar en el director el ejercicio de las facultades de representación de la Agencia ante los órganos de la Administración General del Estado y de las demás administraciones e instituciones o entidades con las que se relacione, así como la firma de los convenios o negocios jurídicos que le correspondan.
DESPLEGAR LA LOSU COSTARÁ 844 MILLONES DE EUROS A LAS UNIVERSIDADES
Entre sus nuevas funciones al frente del Departamento de Universidades, Morant deberá abordar el problema de financiación de la LOSU, ya que su aplicación, contra lo que recoge la memoria de la norma, supone cuantiosos costes directos para los presupuestos de las universidades públicas, estimados en, al menos, 844 millones de euros, según un estudio presentado por Crue Universidades Españolas.
"Este análisis del gasto sorprendentemente no está recogido en la Memoria de la LOSU, que dice que el impacto de la aplicación de la ley es de 54 millones de euros y nuestro análisis es que son 844 millones de euros. Esto lo tienen que recoger los Presupuestos Generales del Estado si la Ley tiene que ser aplicada", advirtió José Antonio Pérez, de la Universitat Politècnica de Valencia, uno de los dos autores del estudio.
Los rectores de las universidades españolas consideran que estos costes inducidos "deben ser financiados directamente por los Presupuestos Generales del Estado, al mismo ritmo temporal que requiere la aplicación del articulado de la Ley".
En concreto, el estudio detalla que en 2024 las universidades públicas deberán hacer frente a los costes de la aplicación de las limitaciones horarias docentes de asociados, ayudantes doctores y profesorado permanente por un importe estimado de, al menos, 225 millones de euros. En el horizonte de 2030, la reducción de la temporalidad y la mejora de la calidad de la plantilla supondrán un coste adicional para las universidades públicas de 424 millones euros.
Anualmente la reposición de efectivos por jubilación, según asegura el documento, supondrá que las universidades públicas deberán asumir sus costes de Seguridad Social que hasta ahora habrá sido asumida por el Estado, pues los jubilados cotizaban a MUFACE. Asumir tales costes supondrá un importe adicional de 195 millones de euros.
PRIMERA REUNIÓN DE MORANT CON LA CRUE
Para abordar el problema de la financiación y otros asuntos relacionados con el sistema universitario español, Diana Morant tuvo una primera reunión a finales de año con la presidenta de Crue, Eva Alcón, en la que acordaron trabajar conjuntamente para cumplir los objetivos marcados en la LOSU.
En dicha reunión, tanto la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades como la presidenta de la Crue coincidieron en que la principal dificultad a la que se enfrentan las universidades es la falta de financiación estructural.
Otro de los retos que tiene Diana Morant en 2024 es el de atraer y retener talento investigador. Para ello, entre otras iniciativas, su Ministerio está desplegando el 'Programa Atrae'.
La primera convocatoria de este programa ha destinado 27,5 millones de euros para la incorporación de 30 investigadores de reconocido prestigio internacional en el sistema español de I+D+i. Del total de investigadores seleccionados, 15 son españoles, 4 procedentes de Alemania, 4 de Italia, 3 de Francia, 1 de Bélgica, 1 de Holanda, 1 de Portugal y 1 de Reino Unido.
Cada uno de ellos recibe una ayuda de hasta un millón de euros para desarrollar su línea de investigación en España, comprar equipamiento, contratar personal y cubrir su sueldo. Su contrato tendrá una duración inicial de tres a cuatro años con un compromiso de estabilización por parte de la entidad que lo acoge.
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