Aznalcóllar y Las Cabezas delegan nuevas competencias tributarias al OPAEF

Asimismo, se aprueba la liquidación presupuestaria 2023 del Organismo que incluye un aumento de los derechos reconocidos netos hasta los 31.497.267,40 euros, un 2,14 por ciento menos que en 2022

La sesión ordinaria del Consejo Rector del Organismo de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF) ha aprobado, entre otros asuntos, la delegación de nuevas competencias por parte de los Ayuntamientos de Aznalcóllar y Las Cabezas de San Juan a este Organismo.

En el caso de Aznalcóllar, se delega el ejercicio de la potestad sancionadora para la instrucción, resolución y ejecución de los procedimientos por infracciones al Texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y las Ordenanzas municipales en esta materia.

Este acuerdo añade la citada competencia a las que hasta la fecha venía desarrollando el OPAEF mediante convenio de 4 de octubre de 2007 que incluye la gestión censal (en su caso) y tributaria, la inspección y la recaudación voluntaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) y del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IVTN urbana), y la recaudación voluntaria de las Tasas de Entrada de vehículos, Vado permanente, Quioscos, Ocupación de la vía pública, Cotos de Caza y tuberías, hilos y cables, así como la recaudación ejecutiva de cualquier otro recurso de naturaleza pública de titularidad municipal. Asimismo, sustituye al convenio de colaboración para la gestión y recaudación de multas por infracciones a la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y a las Ordenanzas municipales de circulación suscrito el 17 de enero de 2019.

Por su parte, Las Cabezas de San Juan ha delegado las competencias de recaudación tributaria voluntaria de la prestación patrimonial de carácter público no tributario por la gestión de residuos sólidos urbanos, de reciente creación. Esta competencia se añade a las que hasta la fecha venía desarrollando el Organismo Provincial por el convenio de 21 de diciembre de 2001 y su adenda de 21 de diciembre de 2006, que incluyen la gestión censal (en su caso) y tributaria, la inspección y la recaudación voluntaria del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) y del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IVTN urbana), así como la recaudación voluntaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y de la Tasa de recogida de basuras, junto a la recaudación ejecutiva de cualquier otro recurso de naturaleza pública de titularidad municipal.

El ejercicio de estas competencias se regulará por lo dispuesto en la Ordenanza de la Diputación de Sevilla reguladora de las relaciones interadministrativas consecuencia de la delegación de competencias o encomienda de funciones a la Diputación de Sevilla para su ejercicio OPAEF y será efectivo una vez transcurra un mes desde la última publicación que realice en el BOP de Sevilla y el BOJA.

Finalmente, el Consejo Rector ha sido informado de la liquidación del presupuesto de 2023, en lo que concierne al Organismo, aprobada en el marco de la Resolución de la Presidencia 850/2024, de 26 de febrero, de Liquidación del Presupuesto General de la Diputación de Sevilla y sus Organismos Autónomos correspondiente al ejercicio 2023.

Como cifras más significativas, se ha informado que los derechos reconocidos netos han ascendido a 31.497.267,40 euros (un 2,14 por ciento menos que los 32,2 millones de 2022) y las obligaciones reconocidas netas han sumado 32.374.139,42 euros (un 4,58 por ciento más que los 30,96 millones de 2022), lo cual, teniendo en cuenta que se han financiado 794.573,23 euros con remanentes de tesorería, arroja un resultado presupuestario negativo de 82.298,79 euros, siendo también negativo, por importe de 477.566,63 euros, el resultado financiero.

Del total de obligaciones, 9.150.000,00 euros han correspondido a operaciones financieras, 3.691,21 euros menos que el ejercicio anterior, destinados fundamentalmente a colaborar en la línea FEAR para operaciones a corto plazo; 623.069,39 euros corresponden a inversiones diversas, multiplicando por 13,5 las realizadas en 2022. Los gastos de personal han ascendido a 14,49 millones, con un incremento sobre el ejercicio anterior del 7,41 por ciento, siendo el segundo capítulo con más crecimiento relativo y el primero en términos absolutos, mientras que los gastos corrientes han alcanzado los 7,18 millones de euros, prácticamente igual a 2022, manteniendo por tercer año consecutivo la estabilidad a pesar de los incrementos en los precios de algunos contratos, como consecuencia de la variación experimentada por el IPC. Por su parte, el capítulo III, gastos financieros, ha experimentado una importante disminución relativa del 54,96 por ciento. Finalmente, los gastos de mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas han ascendido a 733.432,79 euros, con un incremento del 1,84 por ciento.

En cuanto al presupuesto de ingresos, las operaciones financieras han ascendido a 8.672.433,37 euros (un 3 por ciento menos que en 2022), mientras que los ingresos propios de la actividad alcanzaron 22.824.834,03 euros, un 1,81 por ciento menos que en 2022. Las tasas por servicios evolucionan negativamente, salvo las de gestión tributaria y gestión de procedimientos sancionadores, siendo reseñable el incremento del 10,6 por ciento de la recuperación de costas.

El remanente de Tesorería para gastos generales asciende a 45.850.819,01 euros, lo que, de conformidad con lo dispuesto en el TRLRHL permitiría la financiación, en su caso, de nuevos gastos en el presupuesto de 2024, en particular los derivados de los remanentes de créditos de 2023 que hayan sido calificados como incorporables, según los criterios señalados en el Art. 47.1 del RD 500/1990, que ascienden a 3.210.662,66 euros.