La acción responde a "los lamentables actos vandálicos ocurridos el pasado 9 de septiembre y que afectaron a más de 80 sepulturas".
Estas cámaras son una mejora al sistema antiintrusión instalado en los centros educativos y funcionan conectadas a la central de alarma del centro, que opera las jornadas y horarios en los que no hay nadie en las instalaciones.
El periodo de ejecución es de seis meses "a contar desde el día siguiente a la fecha de formalización del contrato".
En una segunda fase se potenciará la seguridad en instalaciones municipales, parques y centros educativos.
