La Junta de Andalucía condenada por Vulneración del Derecho Fundamental de Huelga

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La sala del los Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en sus sentencias a los recursos 338 y 339 2015, ha declarado vulnerado el Derecho Fundamental a la Huelga invocado por CGT ante la imposición del 100% de Servicios Mínimos en las huelgas que este Sindicato convoco en los centros de trabajo del 112 y 061 de Cádiz en la pasada primavera, decreto de la Junta que impedía de facto que los trabajadores llamados a la huelga pudiesen ejercitar ese Derecho Fundamental.


Según explica el sindicato, se da la circunstancia que los componentes de esos colectivos son considerados personal de servicios esenciales para la comunidad solo en caso de huelga, ya que esa condición no se les reconoce ni por el Convenio Colectivo que se les aplica ni por las condiciones laborales que se les imponen, "propias de sistemas esclavistas, de la mano de empresas comisionistas que se enriquecen a costa de los presupuestos públicos de la Junta de Andalucía sin exponer absolutamente nada, gozando del favor del partido del Gobierno que ha otorgado la exclusividad en los servicios de emergencias 112 y 061 en Andalucía a la empresa Ilunion (grupo ONCE), que muy lejos de la labor social que predica en todos sus mensajes publicitarios ejerce como empresa inquisidora y maltratadora de sus trabajadores/as en todos los aspectos laborales".


Asimis, CGT recuerda que aún faltan nuevos pronunciamientos judiciales referentes a las huelgas indefinidas convocadas por CGT en el 061 de Málaga, desde el 8 de junio, y en la que se desarrolla actualmente en el 112 de Cádiz.


CGT exige públicamente la dimisión de los responsables políticos que firmaron los decretos que ahora han sido declarados ilícitos o el cese fulminante de los mismos, congratulándonos de esas sentencias, que aun admiten recurso ante el Tribunal Supremo, y exigiendo a los poderes públicos andaluces que dejen de conculcar Derechos Fundamentales de los recogidos en la Constitución Española, respetando los básicos derechos de los/as trabajadores/as andaluces, aun cuando esto suponga que se evidencie la mala gestión que el Gobierno andaluz viene realizando en los servicios públicos de emergencias.  


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