La plantilla de las residencias de mayores de la Diputación protesta en el pleno al estar "bajo mínimos"

En uno de los centros, por ejemplo, "el personal mínimo de dotación está fijado en 42 personas y actualmente faltan hasta 16" puestos por cubrir, lo que según este portavoz sindical impide una "rotación". 

Durante el pleno ordinario del mes de abril celebrado este jueves por la Diputación de Sevilla, gobernada por el socialista Javier Fernández, las plantillas de los tres centros de personas mayores y dependientes de la entidad han protagonizado una protesta, avisando de la "falta de personal", derivada a su vez en la denegación de vacaciones y días de permiso.

Enrique Lobato, representante del SAT, ha explicado en declaraciones a Europa Press que el motivo de la protesta deriva de que las plantillas de personal de estos centros, conformadas por funcionarios y efectivos laborales, están "bajo mínimos".

Tal extremo, según ha dicho, provoca un "incumplimiento del calendario laboral negociado, acordado y pactado", pues los trabajadores/as afrontan la denegación de sus vacaciones o días de permiso por la "falta de personal" para atender los citados centros de personas mayores y dependientes.

En uno de los centros, por ejemplo, "el personal mínimo de dotación está fijado en 42 personas y actualmente faltan hasta 16" puestos por cubrir, lo que según este portavoz sindical impide una "rotación" en la plantilla a la hora de los descansos y deriva en que haya personas que acumulan hasta "16 o 20 días" consecutivos de trabajo, con el "desgaste implícito" en ello y la incidencia en la "calidad" del servicio que reciben los usuarios de los citados centros, personas además en situación de "vulnerabilidad".

El pleno ha contado además con una nueva protesta de los técnicos de administración especial e ingenieros de la institución, de nuevo en demanda de mejoras laborales merced a la "responsabilidad" que ostentan en los proyectos de obra. Según los portavoces de este colectivo, sus miembros sienten que su trabajo no se ve "reconocido ni remunerado" con relación a las "funciones y responsabilidades" asumidas.

Y es que estos profesionales afrontan "al menos diez años de responsabilidad civil y penal por cada proyecto o dirección facultativa" que firman, pero carecen de complementos de los que sí disfrutan los técnicos de administración general; con lo que reclaman unas condiciones y remuneración "acordes a la responsabilidad, complejidad y peligrosidad" de sus funciones.