El juzgado aprecia que el acusado no sabía que "obraba de forma ilegal" y señala la "nula labor de los técnicos en los que descansaba la obligación de controlar" las contrataciones
De los dos años de prisión y diez de inhabilitación se ha pasado la solicitud de pena a tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y una multa de 4.950 euros.
La sentencia del juzgado la señala como autora de un delito continuado de prevaricación al conceder una licencia de obras para edificar una vivienda "en suelo no urbanizable"
La Fiscalía de Sevilla ve indicios de delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos y falsedad de documento oficial
